Esta semana, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunieron para debatir la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y otros medicamentos contra COVID-19. La iniciativa fue presentada en octubre por los gobiernos de India y Sudáfrica, con el objetivo de derribar una de las principales trabas para un acceso más equitativo y universal a las vacunas: los derechos exclusivos que poseen las grandes farmacéuticas a través de las patentes.

Mientras que el 75% de las vacunas administradas hasta el momento se concentran en diez naciones, hay más de cien países que aún no han recibido ni una sola dosis. Por eso, la iniciativa que propone suspender las patentes mientras dure la pandemia apunta a facilitar el intercambio de conocimientos y ampliar la capacidad de fabricación de un bien escaso. Sin embargo, el debate es bloqueado por las presiones que ejercen los países que albergan a los principales productores de vacunas, como Estados Unidos y la Unión Europea.

No es la primera vez que India y Sudáfrica encabezan una iniciativa para democratizar el acceso a insumos médicos. Una de las más conocidas fue la solicitud por el uso de medicamentos genéricos para el VIH, hace casi dos décadas. “Aquella vez, lograron que los precios de los medicamentos bajaran mucho, más de un 90%. Se trata de iniciativas que buscan ampliar la producción y reducir costos. Quizás algunos países no tienen la tecnología para encarar nuevas investigaciones pero sí tienen la capacidad de fabricar las vacunas que ya están aprobadas. A su vez, amplía la oferta, lo que contribuye a mejores condiciones de negociación para países de menores recursos”, explica la doctora en Ciencias Sociales María Belén Herrero, investigadora del CONICET en FLACSO e integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS).

Muchos de los países que apoyan la iniciativa son naciones en vías de desarrollo. En América Latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador propusieron discutirla. El único país de la región que se opuso fue Brasil. La propuesta también es impulsada por organizaciones internacionales como Médicos Sin Frontera (MSF). “Necesitamos que todos los gobiernos prioricen la salud y exijan a las empresas farmacéuticas que las herramientas médicas vinculadas al COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para toda la población. La pandemia sólo se terminará cuando todas las personas del mundo accedan a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos”, afirman en una carta abierta.

Aparte de la propuesta presentada a la OMC, hay otras iniciativas que buscan brindar un acceso más equitativo a las vacunas. Una es el Mecanismo COVAX, codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde participan más de 180 países. Sin embargo, está teniendo algunas limitaciones para conseguir la cantidad de dosis necesarias. También hubo otra iniciativa impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, para el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19. Se trató de un Repositorio Libre de Recursos Técnicos que obtuvo el apoyo de 37 países pero finalmente no prosperó. 

En un artículo publicado junto a su colega Santiago Lombardi, Herrero señala que los países que se oponen a la exención de propiedad intelectual son los que hoy poseen el 60% de las vacunas administradas. Algunos de los principales detractores son Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Canadá y la Unión Europea. Entre los argumentos para oponerse, sostienen que no hay evidencia suficiente de que los derechos de propiedad intelectual generen barreras al acceso; que la exención de esos derechos va a desincentivar la inversión en investigación de las farmacéuticas y que estas aún no han recuperado el dinero invertido en el desarrollo de las vacunas.

“Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte del financiamiento fue público. No me refiero solo a las vacunas desarrolladas por instituciones estatales, como es el caso de la Sputnik y la Sinopharm. Las vacunas desarrolladas por farmacéuticas como Pfizer y Moderna también obtuvieron gran parte del financiamiento gracias a los gobiernos”, apunta Herrero. Moderna, por ejemplo, recibió casi 2500 millones de dólares de Estados Unidos, a cambio de que el total de las primeras dosis fueran exclusivamente para ese país.

La exención de patentes fue uno de los 18 puntos tratados durante la reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, realizada este 10 y 11 de marzo. Es la tercera vez que se trata el tema. Las reuniones anteriores fueron el 4 y el 23 de febrero y, si bien la propuesta cosechó varias adhesiones más, aún no se pudo obtener el consenso necesario para que se trate en la instancia siguiente, que es el Consejo General de la OMC. Para alcanzar un acuerdo multilateral, se necesitaría al menos el apoyo de tres cuartas partes de los países que integran el organismo (esto es 123 adhesiones de un total de 164 miembros).

Por su parte, la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala −que fue Directora General del Banco Mundial− propuso una “tercera vía”, vinculada al otorgamiento de licencias voluntarias, que implica mantener los derechos de propiedad intelectual pero fomentando acuerdos entre laboratorios y gobiernos para ampliar la cadena de producción y la transferencia tecnológica. Pero “las licencias voluntarias ya existen. La tercera vía apunta más a que nada cambie que a cambiar algo. Incluso corre el foco del debate por la exención de patentes”, reflexiona Herrero.

Finalmente, la investigadora advierte que la desigualdad en el acceso a las vacunas puede derivar también en otro riesgo sanitario: la epidemia puede hacerse endémica en los países sin vacuna, generando reservorios de virus con capacidad de mutar en variantes más agresivas. Y remata: “La vacuna tiene que ser un bien público global, no puede quedar a disposición de las reglas del mercado”. Por lo pronto, el debate sigue estancado y habrá que esperar a una próxima reunión para saber cómo continúa.