Son las 2 de la mañana de cualquier madrugada de sábado o domingo, en cualquier hospital o clínica del país. Varios de los miembros del equipo de salud están relajados, pero no por mucho tiempo. Saben que se viene la movida de siempre: el momento en el que aparecen los intoxicados. La manera en la que se presentan varía muchísimo y va desde personas que se encuentran alteradas, nerviosas o inconscientes, hasta sujetos lastimados porque se cayeron al piso solos, se agarraron a las trompadas en la calle o sufrieron (o causaron) un accidente de tránsito.

Cuando ingresa una persona intoxicada con sustancias psicoactivas a una guardia médica, la gravedad no sólo está marcada por la sangre que hay en el piso o el estado de conciencia del paciente, sino también por la falta de información: en la mayoría de los casos, no sabemos cuál o cuáles son las sustancias que fueron consumidas. Esto es grave por muchos motivos, entre ellos el hecho de que la interacción de drogas en el cuerpo puede potenciar o reducir sus efectos, haciendo más difícil el diagnóstico y el tratamiento. Si bien un médico puede preguntarle al paciente qué sustancia/s consumió si este está en condiciones de responder, el diagnóstico se pone oscuro cuando el paciente está inconsciente y nadie puede informar qué es lo que se tiene realmente enfrente.

Como nos contó Mansilla dos capítulos atrás, frente al fracaso evidente de las políticas de corte prohibicionista, fueron adquiriendo mayor vigencia y apoyo las estrategias de intervención denominadas de “reducción de riesgos y daños”. Este modelo es un conjunto de ideas y estrategias orientadas a reducir las consecuencias negativas de ciertos comportamientos humanos: brindar clases sobre educación sexual en la primaria, repartir preservativos en la playa durante el verano para reducir la prevalencia del embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual o promover el uso de casco cuando se maneja una moto o del cinturón de seguridad en el auto son algunos ejemplos.

En el ámbito de las drogas, este modelo entiende que el fenómeno del consumo es complejo, multifacético y que es parte de la realidad de nuestro mundo, y elige minimizar los riesgos y los daños asociados al consumo de los usuarios en lugar de ignorarlos o perseguirlos, sin que esto implique −de ninguna manera− restarle importancia al real peligro asociado al uso de sustancias psicoactivas.

La implementación de políticas orientadas a la reducción de riesgos y daños exige tener en cuenta las circunstancias individuales y comunitarias de una determinada región, lo que hace imposible que exista una fórmula universal y mágica para su aplicación. Por suerte, eso es algo que se puede resolver llamando a quienes combinan los conocimientos generales con los particulares de la región: los expertos locales.

La incorporación constante de conocimientos científicos en la concepción de la reducción de daños, desde sus inicios en la década del ‘80, la convierten en una disciplina dinámica que se adapta a la nueva evidencia. En aquel momento surgió como una alternativa a los programas

Compartir las agujas y jeringas es un hábito frecuente en ciertos grupos de consumidores y constituye una vía de contagio tremendamente eficaz para la transmisión del VIH/SIDA, lo que da como resultado una rápida propagación del virus.

de abstinencia para adultos con consumo problemático y crónico de sustancias. Chocarse contra una pared de realidad despertó a algunos profesionales de la salud: la abstinencia no era una meta realista en un grupo considerable de adictos y otros tantos no estaban interesados en eliminar por completo el consumo, por lo que muchas personas se veían desplazadas de los programas de recuperación y condenadas a un bucle de consumo y deterioro progresivo. Por otro lado, existía una enorme necesidad de brindar soluciones a la creciente epidemia del VIH/SIDA entre los usuarios de drogas inyectables como la heroína.

Bajo este preocupante escenario −y como menciona Eugenia Oviedo-Joekes en el capítulo “Opioides”−, en algunos países se implementaron políticas de reducción de daños en usuarios de drogas inyectables. Estas medidas fueron miradas de reojo por la población local y con gran escepticismo por la comunidad internacional. No parecía evidente el beneficio que se podía obtener de que el Estado les regalase la heroína a los adictos, así como jeringas, agujas y espacios seguros donde “drogarse”. Pero cuando se escarbaba en la idea, aparecían argumentos, como mínimo, interesantes: la prescripción oficial de heroína de buena calidad evitaría que los usuarios la compraran en el mercado negro (lo que evitaría exponerlos a mayores situaciones de riesgo y, además, financiar el narcotráfico), la educación y los programas de sustitución de agujas y jeringas usadas por nuevas serviría para contener la transmisión del VIH/SIDA a través de la población, y los servicios estatales que brindan espacios más seguros para inyectarse las drogas cumplirían con el objetivo de evitar la muerte de seres humanos que son presa de impulsos de consumo que no pueden controlar.

Una de las cosas más fascinantes que tienen la ciencia y las políticas basadas en evidencias es que las hipótesis pueden ser puestas a prueba; al hacerlo, esta idea resultó funcionar espectacularmente bien. En algunos lugares donde se aplicaron las políticas de reducción de daños en heroinómanos, como Suiza, se redujo de manera notable el número de personas que consumían drogas en la calle, disminuyeron a la mitad las muertes por sobredosis y las infecciones por VIH/SIDA y hepatitis, así como también se retrasó el inicio del consumo de heroína y la delincuencia relacionada con la adquisición de la droga (robos para obtener dinero) (Nordt y Stohler, 2006).

Resulta un poco difícil definir con exactitud el paradigma de reducción de daños dado que no se trata de una lista de intervenciones, sino que se debe entender como un conjunto de principios. Algunas de sus características clave consisten en que constituye un enfoque basado en los valores del pragmatismo y el humanismo, que asume que el uso de sustancias psicoactivas es parte de la sociedad y, por lo tanto, resulta fundamental reducir los daños de su uso mediante estrategias que sean costo-efectivas y tengan solidez científica. En el abordaje de la problemática del consumo de sustancias, la reducción de daños se encuentra enmarcada en el enfoque de Salud Pública.

Compartir las agujas y jeringas es un hábito frecuente en ciertos grupos de consumidores y constituye una vía de contagio tremendamente eficaz para la transmisión del VIH/SIDA, lo que da como resultado una rápida propagación del virus.

Los críticos del modelo, por lo general, creen que la “tolerancia” hacia los comportamientos ilegales o de riesgo envía un mensaje a la comunidad de que estos son aceptables y que algunas de las acciones propuestas no son efectivas y no reducen el daño a largo plazo realmente. Una opinión muy conocida en esta línea es la que expresó el papa Benedicto XVI hace unos años, quien consideró que la distribución de preservativos no sólo no resuelve el problema del VIH/SIDA en África, sino que lo aumenta. Otra es la opinión del político estadounidense Paul Le Page sobre cómo la naloxona, en casos de adictos a la heroína, “no salva vidas; las extiende hasta la próxima sobredosis”.

Si bien el enfoque de Salud Pública apunta a una disminución de la demanda de sustancias y de los efectos negativos derivados del uso problemático, las intervenciones de reducción de riesgos y de daños permiten también mermar los impactos sanitarios y sociales de aquellas poblaciones que no son adictas, no poseen un consumo problemático y no están interesadas en la abstención, por lo que dichas estrategias se centran en la educación de los usuarios y en la generación de marcos legales que faciliten y optimicen estos procesos.

El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más consumidas del mundo y una de las que acarrea los daños más importantes. Mediante la perspectiva de reducción de daños, se pueden desarrollar aproximaciones para abordar, por ejemplo, la violencia y las lesiones derivadas de esta, así como los accidentes de tránsito (Ritter y Cameron, 2006). En el caso de la violencia y las lesiones, asegurarse de que los clubes nocturnos respeten las capacidades permitidas y no ofrecer las bebidas en envases de vidrio tiene buenos frutos (una botella rota puede convertirse en arma). Por otro lado, todo parece indicar que los programas de conductor designado no son eficientes a la hora de reducir los choques de autos. Sin embargo, las leyes de tolerancia cero, las multas severas y los controles aleatorios de alcoholemia han demostrado funcionar muy bien. En la esfera de la educación, podemos encontrar recomendaciones como no consumir alcohol durante el embarazo, beber con moderación y despacio, incluir agua entre medio de las bebidas para evitar la deshidratación y no mezclar con otras sustancias (particularmente cocaína o MDMA), entre otras.

El tabaquismo es otra problemática que podemos abordar seriamente desde la reducción de daños. A pesar de conocer los perjuicios a la salud derivados del consumo de cigarrillos, muchas personas no quieren (o no pueden) dejar de fumar. Por otro lado, si bien el Estado ha mostrado buena predisposición a ejercer regulaciones sobre el producto como la implementación de zonas libres de tabaco por ley (que, por cierto, han funcionado muy bien) o el aumento del precio a través de los impuestos, aún falta un largo camino que recorrer para lograr reducir efectivamente la influencia que ejerce el marketing de la industria tabacalera sobre la sociedad. Bajo esta premisa, los fumadores tienen dos opciones: la abstinencia o morir por una enfermedad derivada del tabaquismo (a menos que alguno tenga la suerte de disponer de una genética privilegiada y llegue a viejo vivito y coleando). Sin embargo, una tercera opción ha surgido en los últimos años de la mano de la reducción de daños y comprende el uso de fuentes alternativas de nicotina no asociadas al tabaquismo. Si bien estas opciones pueden causar adicción (o mantenerla), no poseen la capacidad de producir enfisema pulmonar ni juegan un papel importante en la generación de enfermedades cardiovasculares (propiedades reservadas a la combustión del tabaco), lo que da cuenta del “beneficio” de las fuentes alternativas de nicotina. Quizá los más conocidos sean los clásicos parches o chicles de nicotina, pero la opción más reciente son los irónicamente flamantes cigarrillos electrónicos. El truco está en que los cigarrillos electrónicos no funcionan mediante combustión y por lo tanto no generan emisiones tóxicas derivadas de la quema de los cigarrillos comunes (como el monóxido de carbono y los hidrocarburos policíclicos aromáticos). A pesar de que todavía no haya suficientes estudios de buena calidad al respecto, la mejor evidencia disponible indica que los cigarrillos electrónicos ayudan a las personas a dejar de fumar, no parecen ser un riesgo grave para la salud en el corto-mediano plazo, reducen la exposición a sustancias tóxicas y, en algunos casos, los cambios fisiológicos que se experimentan son similares a los de quienes dejan de fumar (Hartmann-Boyce y otros, 2016). Sin embargo, debe quedar claro que el cigarrillo electrónico está lejos de ser una solución mágica, y que pensar que está absolutamente libre de riesgos es una falsa ilusión: permite reducir los daños que sufre el fumador que no tiene deseos de dejar de fumar (o no puede), pero no los elimina por completo.

En el caso de la marihuana ocurre algo similar. Se sugiere que el consumo de cannabis mediante vaporizador es menos dañino que su combustión en cigarros o pipas convencionales (Gartner, 2015). A pesar de que de esta manera se reduzcan los problemas respiratorios asociados a la ingesta del humo (como bronquitis y cáncer de pulmón), no se resuelven los daños asociados a accidentes vehiculares, el deterioro cognitivo en adolescentes o la dependencia, por lo que parte de la estrategia de reducción de riesgos y de daños también es recomendar no consumir marihuana previo a manejar ni antes de los 21 años. También resulta importante recomendar no consumir THC sintético o variedades de marihuana de alta potencia por estar asociados a un mayor riesgo de inducir psicosis en individuos con predisposición genética.

Generalmente, los cigarrillos electrónicos consisten en dispositivos con forma de lapicera provistos de una batería que aporta la energía para vaporizar un líquido con nicotina.

Otras estrategias son el consumo de cannabis sin tabaco (dado que muchos usuarios suelen fumarlos combinados), su uso en menor cantidad y más espaciado en el tiempo, y evitar su consumo durante el embarazo, entre otras.

Si recordamos que la Organización Mundial de la Salud define la salud como “el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, no sólo entenderemos que el usuario criminalizado por el uso de sustancias no posee un estado pleno de salud sino que, lejos de acercarlo a esta situación, lo estamos alejando, quizá definitivamente. Una persona que pasa por un proceso penal por poseer sustancias para consumo personal, que es detenida, encarcelada y sometida a un tratamiento de forma compulsiva y obligatoria, tiene pocas posibilidades de “éxito” después de semejante experiencia. Lo irónico es que todo esto lo impone el imperio de una ley, producto de una sociedad que no previno ni previene el consumo de sustancias, sino que lo permite y fomenta selectiva e inconsistentemente, como en el caso de las publicidades y venta libre de alcohol, cigarrillos, medicamentos y productos que se hacen llamar “naturales”, pero que tienen gran potencial para dañar la salud (Damin y Di Biasi, 2009).

El informe “El impacto de las políticas de drogas en los Derechos Humanos: La experiencia del continente americano” (CELS, 2015) analiza las consecuencias de la excesiva penalización a los consumidores y narcomenudistas en América Latina. La conclusión de la investigación es que las políticas prohibicionistas y represivas sólo han vulnerado de manera directa los Derechos Humanos de miles de personas, “sobre todo de aquellas que son judicializadas y enviadas a cárceles, espacios que suelen caracterizarse por el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención”, por poseer cantidades de sustancias consideradas para consumo personal.

Elaborar estrategias efectivas para perseguir el comercio ilegal de drogas sin que dejen de respetarse los derechos civiles de los consumidores de sustancias debería ser el camino a seguir para la búsqueda de alternativas en políticas sobre drogas. En este sentido, la descriminalización es un paso obligado. En los países donde se ha llevado adelante esta medida se observaron grandes beneficios, como en el caso de Portugal, que ha descriminalizado el uso y posesión de sustancias para consumo personal desde el año 2000 con los siguientes resultados (DPA, 2015):

• El consumo de sustancias no aumentó e incluso disminuyó, presentando una prevalencia menor al promedio de la Unión Europea (5,1% vs. 13,3% en la población de 15 a 34 años en el año 2012).

• Se redujo el consumo de todas las sustancias psicoactivas en adolescentes (de 8,3% en 2001 a 5,8% en 2012, expresado como porcentaje de personas de entre 15 y 24 años que consumieron en el último año).

• Las muertes por sobredosis están estabilizadas y corresponde a uno de los valores más bajos de Europa (4,5 por millón de habitantes contra 19,2 por millón de habitantes de la Unión Europea).

• Disminuyeron a la mitad los gastos asociados a procesos judiciales y encarcelamiento, pudiendo ser utilizados para otros fines.

• Aumentó en un 60% el número de personas que acudieron voluntariamente a un tratamiento por uso problemático de sustancias, especialmente consumidores de heroína inyectable.

• Se redujo la incidencia de VIH/SIDA y las muertes por sobredosis.

La comparación entre países restrictivos y aquellos con políticas más flexibles nos otorga una visión más amplia de los posibles abordajes.

Portugal es uno de los países con la menor prevalencia de consumo de la mayoría de las sustancias. // Institute on Drugs and Drug Addiction (IDT)

En ese sentido, Europa brinda algunas lecciones. Suecia es un buen modelo en lo que respecta a la regulación del alcohol, pero mantiene un enfoque criminalizador de los consumidores de otras sustancias, mientras que Portugal pareciera encontrarse en las antípodas de Suecia, ya que es un ejemplo de país descriminalizador. Si bien Suecia tiene una prevalencia de consumo de drogas menor a la de Portugal, sus cifras de mortalidad vinculadas al consumo de sustancias son trágicas. Mientras que en Portugal ocurren 4,5 muertes por año cada un millón de habitantes, en Suecia el valor alcanza las 92,9 muertes (OEDT, 2014). Veinte veces más. Es decir que, si bien el consumo de drogas en Suecia es menor que en Portugal, el daño asociado a dichos consumos en la población sueca (medido en términos de muertes de consumidores) es dramáticamente mayor.

Es importante mencionar qué vemos y qué oímos los profesionales de la salud que asistimos a las personas que llegan a un centro asistencial buscando ayuda. En muchos casos, observamos violencia inscripta en la piel y en la mirada, producto de la búsqueda de una sustancia que sacie por un instante el deseo de consumir. También nos encontramos con estados de mala nutrición, miedo y dolor físico. Oímos constantemente una gran cantidad de historias de riesgo asumido para conseguir esa dosis que calme la ansiedad o garantice un buen rato con amigos, historias a veces plagadas de mentiras y enredos que llevan a las personas al límite de la seguridad física. Claro que estos relatos dependen en gran medida de la sustancia en cuestión, porque no es lo mismo, en términos económicos y de riesgo, poseer o conseguir marihuana que una droga sintética, cocaína, paco o heroína para inyectarse.

Es por eso que la descriminalización del consumidor es sólo la punta del iceberg de un abordaje mucho más complejo, porque aún tenemos el pequeño detalle de la oferta de las drogas.

Los consumidores, por más que no sean penalizados por la justicia por una conducta que se enmarca dentro de las libertades individuales (siempre que no afecte a terceros), siguen en contacto con situaciones de riesgo al relacionarse con el narcotráfico para abastecerse de las sustancias que desean consumir. Así, el abordaje a través del enfoque de Salud Pública reconoce que el Estado debe hacerse responsable de limitar los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, buscando atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado mediante su intervención.

Sabemos que, bajo el actual régimen prohibicionista, muchos consumen una droga que tiene un porcentaje variable de la sustancia psicoactiva que el consumidor buscaba. Además, contiene otras que la adulteran para aumentar el rédito económico del productor/vendedor, para potenciar el efecto o para generar dependencia. En algunos casos, las sustancias poseen metales pesados, pesticidas u otras sustancias químicas psicoactivas o simplemente potenciadoras. Esto es un hecho: las sustancias ilegales tienden a estar adulteradas, precisamente, porque no hay un marco de control sobre ellas.

Sin embargo, la regulación no implica necesariamente poner legalmente a disposición todas las drogas. En el caso de las drogas más riesgosas, como la heroína, los consumidores dependientes podrían ser registrados en una base de datos que les permite acceder a las dosis que necesitan de manera controlada y estricta. En Suiza, por ejemplo, los consumidores dependientes de heroína pueden conseguir sus dosis de heroína mediante prescripción médica en un ambiente seguro supervisado por profesionales de la salud, lo cual, como mencionamos antes, lleva a resultados positivos.

Pero no hace falta que cambiemos de hemisferio para observar buenas políticas sobre regulación del comercio de sustancias. Al otro lado del Río de la Plata, los hermanos uruguayos crearon hace unos años el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) a partir de la

Las drogas deben regularse porque son riesgosas, no para que sean seguras.

Ley N° 19.172, con los objetivos de promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso problemático de la marihuana y fiscalizar el cumplimiento de dicha ley. El corazón de su accionar consiste en regular la plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y dispensación del cannabis. Esta ley es ejemplo de progresismo hacia el modelo de reducción de riesgos y daños, ya que reconoce los Derechos Humanos y las libertades consagradas por la Constitución de la República Oriental del Uruguay, así como la responsabilidad que tiene el Estado de limitar los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, buscando atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado mediante su intervención.

De esta manera, el gobierno uruguayo descriminalizó la posesión, el uso y el autocultivo de marihuana, al mismo tiempo que se encarga de la producción y distribución de un producto de calidad conocida mediante una red de farmacias adheridas que comercializan cannabis para uso recreacional y medicinal. Los interesados en adquirir el producto deben ser mayores de edad y sólo deben registrarse en el IRCCA, pudiendo comprar una cantidad no mayor a los 40 gramos mensuales (un frasco de café grande, aproximadamente). Sin embargo, aún existen desafíos que deben ser abordados y que sólo podrán ser entendidos mediante el seguimiento, como por ejemplo, la resistencia a registrarse de los consumidores frecuentes y la creación de un mercado gris debido a las “sobras” de la cosecha (la cuota mensual máxima excede lo que utilizan los usuarios más frecuentes).

La discusión sobre la “regulación” de la comercialización de sustancias ilegales por parte de los Estados abre una posibilidad para que se tengan más en cuenta los aspectos sociales y sanitarios que los penales. La Red Científica Internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra

La regulación de las drogas no sólo debe tener como objetivo reducir los riesgos y daños derivados del uso de sustancias, sino también de reducir los daños del prohibicionismo.

la Droga y el Delito fue clara y contundente al afirmar que el consumo problemático de sustancias es un problema que debe ser abordado desde la salud y no desde la seguridad. Desde una perspectiva de Salud Pública, alejar a los consumidores del mercado negro, combatir el narcotráfico mediante la intervención en la producción y asegurar el consumo de una sustancia de calidad conocida es tanto un desafío como una esperanza.

El ejemplo de la marihuana en Uruguay podría ser un modelo a seguir para varias otras sustancias psicoactivas, particularmente aquellas que han demostrado ser de bajo riesgo en un uso adecuado y que se encuentran bajo la misma situación que el cannabis en lo que respecta a la calidad y la seguridad de los usuarios, como el LSD, la psilocibina y

Como prevenir es mejor que curar, en todos los casos las políticas de reducción de riesgos y daños deben darse SIEMPRE en el marco de una muy buena campaña de promoción de hábitos saludables.

el MDMA. Regular la producción de sustancias de buena calidad es una manera inteligente de abordar los problemas de salud asociados al consumo de drogas de diseño derivadas de anfetaminas y metanfetaminas, de gran toxicidad y potencial adictivo.

El modelo de reducción de riesgos y daños no es “pro-droga”, ya que no fomenta el consumo, sino que cuida la salud de aquellos que deciden consumir una sustancia y los que no pueden dejar de hacerlo, así como la salud de los de su entorno. Debe quedar en claro que es prioritario trabajar sobre la promoción de la salud, destacando la importancia y los beneficios de una vida con hábitos más saludables en todos los niveles sociales y grupos etarios (mediante actividad física, dieta balanceada, buen descanso, vida social, entre otros). Es decir, evitar el consumo de drogas siempre será una actitud menos riesgosa que consumirlas. Sin embargo, si alguien desea beber alcohol, comer frituras, tomar sol al mediodía, nadar en el mar, fumar marihuana, tirarse en paracaídas, manejar un auto, andar a caballo o experimentar con LSD o MDMA, debería existir la posibilidad de que pueda hacerlo de manera segura y con la información necesaria para entender las implicancias de su decisión. Una visita al médico para chequear el estado de salud y preguntar sobre la posibilidad de consumir una sustancia debería ser una oportunidad clave para asesorar a la población y permitirle tomar mejores decisiones, lo cual se traduciría en beneficios para toda la sociedad y no sólo para quienes desean tener una experiencia en particular.

La educación tradicional que reciben los jóvenes sobre el uso de sustancias psicoactivas se basa más en el temor que en tener una discusión abierta y honesta, porque se cree que hablar sobre el tema condenará a los jóvenes a incursionar en conductas inmorales. Si a eso le sumamos la sobrestimación de los daños que provocan ciertas sustancias y el alarmismo,

Si alguien tiene el deseo de manejar un auto (una actividad de riesgo, sin dudas), existen regulaciones que intentan garantizar que la persona esté capacitada y apta para hacerlo, no sólo para preservar su salud sino también la del resto de los conductores y la de cualquier ciudadano que no esté interesado en tener la experiencia de conducir un coche.

aumentan las probabilidades de debilitar un mensaje cuyo objetivo es informar y no infundir miedo. Por otro lado, la evidencia indica que el camino más efectivo en la educación sobre sustancias ocurre cuando es percibida como creíble, transparente y refleja la experiencia y deseos de la audiencia (Tupper, 2008). Por ejemplo, aunque parezca algo lejano, la transformación que vivió la educación sexual en los últimos veinte años, pasando de una visión abstencionista y moralista hacia un paradigma de aceptación del sexo como algo que forma parte natural de la vida, nos ha permitido abordar de manera más efectiva las situaciones problemáticas asociadas a las relaciones sexuales.

A veces, la realidad sociopolítica no permite la implementación de algunas o todas las propuestas mencionadas en este capítulo. Pero, definitivamente, no hay ninguna excusa para no plantear el debate en la mesa y avanzar hacia una reforma de la política de drogas. En todos los casos, se debería convocar a un grupo multidisciplinario de expertos para la realización de un diagnóstico preliminar que permita establecer las bases de un plan de acción que contemple los hechos y no los deseos o aspiraciones personales de cómo debería funcionar el mundo, un plan que sea coherente con la evidencia y equilibrado en el juicio hacia todas las sustancias. Pero, por sobre todas las cosas, un plan que contemple y entienda que establecer otro rumbo con respecto a la problemática de drogas es un cambio de paradigma que beneficiaría a toda la sociedad.