La ‘droga’

La ‘droga’

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El Gato y La Caja

Cómo opinar sobre un asunto extremadamente importante sin usar evidencia en el intento.

La ‘droga’

Hace casi un año tuvimos el privilegio de publicar Un libro sobre drogas (gratis online) junto a más de 20 especialistas de diversas disciplinas, tanto del ámbito académico como del sociopolítico, dando como resultado un material muy rico que, entre otras cosas, compila la mejor evidencia científica disponible hasta el momento con respecto al ‘problema de las drogas’.

Basados en esta y otras experiencias, consideramos oportuno (y necesario) brindar una crítica argumentada e invitar a una conversación sobre el editorial del Diario La Nación titulado ‘La inconveniencia de legalizar y liberar la droga (publicado el domingo pasado), el cual cuestiona fuertemente la legalización de las drogas y se posiciona a favor del esquema prohibicionista que es llevado adelante (consistentemente sin éxito) desde hace más de 50 años.

Por empezar, hay que destacar que este editorial reconoce algunos de los argumentos de la legalización, como la eliminación del crimen organizado (muy importante). Sin embargo, construye su discurso en contra de esta mediante un uso inadecuado de la información (en casi todo el texto) y de confusiones.

El primer problema es considerar como ‘drogas’ sólo aquellas sustancias que se encuentran bajo el estatus de la ilegalidad (como el cannabis, los opioides o la cocaína). Las ‘drogas’ es un concepto estigmatizante y extremadamente poco preciso, ya que esta palabra no sólo abarca un grupo enorme de compuestos químicos que hacen una infinidad de cosas (como los antibióticos o los analgésicos), sino que además su uso genera una ilusión en la población general de que el alcohol, el tabaco o la cafeína, por ejemplo, no forman parte de la montaña de sustancias que identificamos como ‘las drogas’. Lo correcto sería usar el concepto de ‘sustancias psicoactivas’, que abarca aquellos compuestos químicos que son capaces de modificar el modo en que funciona nuestro cerebro, como alterar las sensaciones de dolor y placer, el estado de ánimo, la conciencia, la percepción, el estado de alerta, entre otras funciones.

Otro ejemplo del uso inadecuado de la información es la presentación errónea del concepto de adicción, determinando de manera arbitraria que el mero consumo de una droga (ilegal) “incita al escalamiento y crea adicción”, mientras que “el alcoholismo no es consecuencia de la ingestión de alcohol, sino que debe encontrar un individuo con un cuadro psicosocial que lo provoque” (!).

Existen ‘las drogas’ y ‘las drogas’.

En realidad, tal como menciona el experto en adicciones Dr. Ricardo Pautassi  en su capítulo ‘Bases neurofisiológicas de la adicción’, las adicciones a las drogas (todas) son el producto de la interacción de una sustancia con potencial adictivo y un sujeto con una predisposición genética sumergido en un entorno psicosocial desfavorable. Repetimos: todas las adicciones. Es importante hacer hincapié en el detalle de ‘potencial adictivo’, porque (de nuevo) no todos los consumos llevan a la adicción. Sin embargo, algunas sustancias presentan mayor potencial que otras debido a su capacidad de intervenir ciertas funciones del cerebro, tal como muestra la siguiente figura.

El alcohol y la nicotina tienen mayor potencial adictivo que algunas sustancias ilegales. [FUENTE]

Una vez establecidos estos puntos en común, los cuales representan lo que sabemos hasta el momento acerca de estos temas, nos encontramos frente a los argumentos debatibles: la legalización como solución al ‘problema de las drogas’.

Acá resulta extremadamente importante diferenciar dos palabras que se utilizan de manera indistinta a lo largo de todo el texto: ‘legalización’ y ‘liberación’. El primer término hace referencia al proceso de eliminación de las prohibiciones legales sobre la producción, distribución y consumo de sustancias controladas para propósitos diferentes a los medicinales o científicos, sin hacer referencia al marco regulatorio (o no) que se establezca. En cambio, la ‘liberación’ o ‘liberalización’ corresponde a una situación donde ha cesado la prohibición de ciertas sustancias sin que se hayan impuesto necesariamente controles estatales estrictos, dejando todo en manos del mercado. Contrario al concepto anterior, tenemos la ‘regulación’, que consiste en una situación de legalización con un marco regulatorio determinado donde todo lo que ocurre por fuera de él es ilegal.

La relevancia de conocer y utilizar criteriosamente estas definiciones es que, mientras que la legalización es ampliamente aceptada y promovida como la alternativa a la ‘guerra contra las drogas’, esta posee múltiples matices de acuerdo al marco regulatorio que se implemente. Así, mientras que los defensores de las libertades individuales promueven la ‘liberación’, tanto la comunidad académica como la médica critican esta opción y consideran que ninguna sustancia psicoactiva debe quedar en manos del libre mercado, proponiendo la regulación como el mejor camino hacia la legalización.

Los argumentos que soportan esta idea están bien expuestos en el editorial de La Nación, por lo que estamos de acuerdo en que “Si no hubiera algún tipo de regulación, la comercialización legalizada de la droga no sería diferente a la de cualquier medicamento de venta libre”. Al no estar regulado el mercado, la publicidad estaría permitida, incrementando probablemente el deseo de consumo en la población; mientras que la alta disponibilidad de las sustancias causaría una reducción en los precios, aumentando la posibilidad de acceso (sobre todo para los más jóvenes), entre otras consecuencias. Por lo tanto, si bien la regulación presenta limitaciones en su implementación, como la generación de un mercado gris donde, por ejemplo en el caso del cannabis, los autocultivadores pueden vender los excesos de la cosecha; la generación de un marco legal que indique qué cosas se pueden hacer y cuáles no, incrementa la capacidad del Estado para direccionar la Salud Pública.

Si bien no existen muchas experiencias a nivel mundial que sirvan como guía para la implementación de políticas públicas de regulación de la sustancias psicoactivas, el conocimiento acumulado en las últimas décadas revela la profunda injusticia detrás de un enfoque que entiende las sustancias y a los consumidores como un problema de seguridad: la ‘guerra contra las drogas’ es la piedra con la que tropezamos una y otra vez, por lo que resulta primordial explorar alternativas al prohibicionismo clásico.

Por otro lado, la importación de políticas públicas no es una buena idea. Lejos de eso, cada país y territorio debería diseñar sus políticas teniendo en cuenta sus particularidades históricas, idiosincráticas y culturales, así como su propio contexto y problemáticas. Diferentes drogas que generan diferentes daños en diferentes contextos seguramente requieren diferentes enfoques. Sin lugar a dudas, cualquier cambio en la política local debería ser apoyado por la inversión en educación, consejería y servicios de tratamiento para prevenir el uso de sustancias (con énfasis en niños y adolescentes), y en programas efectivos de reducción de riesgos y daños orientados a aquellos usuarios que no desean o no pueden abandonar el consumo, como por ejemplo los que llevan a cabo Dance Safe, Energy Control o, en Argentina, PAF (Proyecto de Atención en Fiestas). Sería un gran primer paso empezar a nutrir el debate con las experiencias de otras regiones, invitar a todos los profesionales de la salud a la discusión y abrirles la cancha a los expertos locales para que brinden herramientas que permitan una adecuada contextualización de la aplicación de políticas de drogas efectivas.

Es importante y urgente encontrar enfoques alternativos a políticas que han demostrado consistentemente fracasar desde todo punto de vista, desde el cuidado de las personas hasta el uso eficiente de los recursos del Estado. Por otro lado, es fundamental dejar de difundir información errada (o maliciosa) sobre estos asuntos y abandonar la mirada histórica basada en prejuicios, racismo, preceptos morales y estigmatización de los consumidores y personas con problemas de adición, para que podamos basar nuestras opiniones (y nuestras políticas) en las conclusiones de los expertos y en la mejor evidencia disponible hasta el momento.