Este viernes 23, se volvió a hablar de cannabis en el Congreso Nacional. La diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para la regulación integral de cannabis medicinal, que busca garantizar el acceso al cultivo e impulsar la producción nacional. El texto es fruto del debate y el trabajo colectivo que vienen promoviendo desde hace años organizaciones como Mamá Cultiva, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.
El objetivo del nuevo proyecto es brindar una propuesta superadora de la Ley 27.350, sancionada en 2017, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados pero que tiene varias limitaciones, tanto en su elaboración como en su reglamentación. La discusión que dio origen a aquella normativa también había sido impulsada por organizaciones de la sociedad civil, a las que luego se sumaron legisladores, médicos, farmacéuticos y científicos. Sin embargo, la ley, por cómo quedó redactada, terminó circunscribiéndose a la investigación médica y científica pero no facilitó el acceso a las y los usuarios medicinales.
“Los protagonistas deberían haber sido los pacientes pero terminamos siendo los profesionales. Y la reglamentación que salió fue peor todavía”, señala el médico cordobés Federico Racca Palacios, experto en uso medicinal del cannabis y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.
En busca del espíritu de la ley
Esa reglamentación, plasmada en el decreto 738/17, creó un programa nacional para impulsar la investigación pero no les facilitó a los científicos el acceso ni la importación de semillas, plantas y preparados. Es por eso que, en 2019, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET decidieron procurarse sus propias semillas: a partir del conocimiento provisto por cultivadores de la región, obtuvieron el primer cultivo científico de cannabis del país. El desarrollo fue denominado “Cepas Argentinas Terapéuticas” y tenía el objetivo de formar un cepario nacional donde investigadores de otras partes del país pudieran sumar sus propias semillas y facilitar la investigación en la materia mientras se intentaba volver a dar la discusión.
El cambio de gobierno, en diciembre de 2019, trajo buenas señales en ese sentido. Días antes de asumir, el ministro de Salud Ginés González García, adelantó que iba a atender el reclamo de las organizaciones y afirmó: “La reglamentación es muy mala. Limitó los alcances y el espíritu de la ley”. Pandemia de por medio, la promesa se concretó en julio, cuando González García presentó ante el Consejo Consultivo Honorario el borrador de la nueva reglamentación. “Con esta propuesta, se abren dos grandes puertas: la del autocultivo y la que impulsa la producción pública y el desarrollo industrial”, destaca Racca Palacios. Además, la nueva reglamentación facilita el acceso a través de una prescripción médica, habilita su venta en farmacias y amplía el uso a otras patologías, antes limitadas a epilepsia refractaria. Se trata de un avance importante aunque, meses después de su anuncio, aún se espera su publicación en el Boletín Oficial.
Otra vuelta de tuerca
Pero entonces, ¿por qué era necesario un nuevo proyecto de ley? Bueno, hay algunos aspectos a los que podría darse una vuelta de tuerca más. Una de esas cuestiones es señalada por la diputada Gaillard en los fundamentos: “La intención que a todas luces tiene el proyecto es sacar de la esfera de la criminalización lo que se define como el ejercicio del derecho a la salud”. Para eso, la iniciativa reconoce explícitamente las prácticas de autocultivo, cultivo solidario y clubes cannábicos, e incluso brinda definiciones concretas de esos y otros términos, tratando de dejar los menores vacíos legales posibles. Pero además, establece que la falta de licencia para el autocultivo no necesariamente implicará una presunción de uso ilícito, siempre que haya otros indicios que permitan deducir que se trata de un uso medicinal. De esta manera, se opone al paradigma prohibicionista, que todavía tiene mucho peso en el país (por ejemplo, en la vigencia de la ley 23.737 de estupefacientes, sancionada en 1989).
Otra mejora importante es que facilita la investigación científica en cannabis medicinal al proponerla como política de Estado, a través de programas de estímulo coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET, y las universidades nacionales. Asimismo, impulsa la producción nacional de productos y derivados de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, priorizando la provisión a través de los laboratorios de producción pública nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), y de aquellos dependientes de universidades públicas y organismos de ciencia y tecnología.
Además, crea el Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) como autoridad de aplicación de la ley, con delegaciones en cada provincia para garantizar el cumplimiento de manera federal. Esta entidad dependerá del Ministerio de Producción de la Nación y tendrá autarquía económica y financiera. Se encargará de expedir las licencias para todo el proceso productivo: cultivo, producción, comercialización, importación y exportación. Según expresa el proyecto, “el objeto de estas licencias está orientado a proveer seguridad a los usuarios y cultivadores solidarios, tanto en la no criminalización de sus conductas como en el acceso a una sustancia de calidad y a la información adecuada”. También señala que se favorecerá el desarrollo de emprendimientos regionales, de la economía popular y con enfoque de género.
Finalmente, otro aspecto interesante es que propone la creación de un Banco de Semillas, coordinado con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), para garantizar un precio justo y razonable.
Desde el oficialismo esperan avanzar en las próximas semanas con el debate en comisiones, para tratar de firmar el dictamen antes de que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso. Pero incluso aunque el proyecto no llegue a salir este año, la semilla ya está plantada.
El proyecto de ley, completo, acá