Entre las medidas que se están tomando para frenar el aumento de casos de COVID-19, esta semana el ministro de Transporte Mario Meoni anunció que se implementará un sistema de fijación de ventanillas abiertas en trenes y colectivos para garantizar una ventilación óptima y reducir el riesgo de contagio. Esta medida va en línea con la evidencia científica que hay sobre una de las principales vías de transmisión de coronavirus: los aerosoles, partículas invisibles que se expulsan al respirar y pueden permanecer en el aire durante minutos u horas.



Sin embargo, esta vía de contagio no siempre gozó de la misma “fama” y difusión que las otras. De hecho, durante bastante tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) <a href="https://twitter.com/WHO/status/1244258441880797184">negó</a> que fuera una vía de transmisión y puso énfasis en las otras: el contacto con superficies contaminadas y a través de gotículas, esas partículas que expulsamos al toser o hablar pero que por su peso caen rápido al suelo. De ahí las recomendaciones que tan bien conocemos: lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, desinfectar objetos con alcohol al 70%, usar tapabocas y mantener una distancia social de 2 metros. Todo esto es muy importante, claro, pero es necesario poner el mismo énfasis en otra recomendación fundamental: mantener una ventilación cruzada y continua en los espacios cerrados.



<h2>Estamos en el aire</h2>



En un ambiente interior, el SARS-CoV-2 se puede transmitir a través de aerosoles a una distancia mayor a los 2 metros que suelen recomendarse, ya que permanecen en el aire y se acumulan si la ventilación no es suficiente. Uno de los principales referentes en el tema es el investigador español <a href="https://elpais.com/ciencia/2020-08-18/la-covid-se-transmite-a-traves-de-aerosoles-ya-es-el-momento-de-actuar-tenemos-suficientes-pruebas.html">José Luis Jiménez</a>, profesor de la Universidad de Colorado (Estados Unidos). En octubre del año pasado, junto a otros colegas, recolectaron los estudios que había al respecto y elaboraron un <a href="https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/Informe_Aerosoles_COVID_MCienciaInnov.pdf">informe</a> dirigido al gobierno español donde advierten que “existe una evidencia significativa sobre la transmisión de la infección por SARS-CoV-2 por vía de aerosoles. Hay también un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la forma de transmisión dominante”. Además, explicaron que el riesgo de infección en un ambiente interior es unas 20 veces mayor que al aire libre.



Al conocer el trabajo de Jiménez, el físico e investigador del CONICET Jorge Aliaga, quien además realiza informes diarios sobre la evolución de la pandemia, se comunicó con funcionarios del gobierno nacional para recomendar la necesidad de impulsar políticas que pongan el foco en la ventilación de ambientes para reducir el riesgo de contagio por aerosoles. Basado en la evidencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fpMb1TzraGw&amp;t=1131s">lanzó</a> hace dos semanas la campaña “Ventilar”, que busca concientizar sobre la importancia de la ventilación de los ambientes a través de diversas estrategias de difusión, como la elaboración de una <a href="https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-prevencion-de-transmision-por-aerosoles-2021.pdf">guía de recomendacione</a>s, a la que se sumaron también los <a href="https://twitter.com/SecMediosyCP/status/1381959422675537924">spots publicitarios</a> realizados por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.



“A diferencia de las gotículas que se expulsan al hablar y que caen por el peso, los aerosoles se emiten con solo respirar y son lo suficientemente livianos como para quedar flotando en el aire por horas –explica Aliaga–. El problema con los aerosoles es que, si bien hay cosas que podemos hacer para reducir la probabilidad de contagio, como usar tapabocas y mantener la distancia, lo que no podemos hacer es dejar de respirar. Entonces, ¿cómo hago para minimizar el riesgo en un ambiente si no puedo reducir el número de personas ni el tiempo de permanencia? Aumentando la renovación del aire”.



<h2>Cómo quisiera poder vivir sin aire</h2>



Pero, ¿es posible medir el riesgo de contagio? Una forma de hacerlo es usar como indicador la emisión de dióxido de carbono, ya que cuando hay una concentración alta de este gas, significa que no hay suficiente renovación de aire en el ambiente. Este cálculo no depende solamente de la cantidad de personas que hay en una habitación sino que va a variar a raíz de diversos factores, como la masa corporal de los individuos, la actividad que estén realizando (no es lo mismo diez niños sentados en un aula que diez adultos realizando actividad física en un gimnasio) y las características del ambiente.



Teniendo en cuenta esas estimaciones, la recomendación de los expertos es que un límite prudente para reducir el riesgo de contagio es evitar que la concentración de CO2 supere las 800 partes por millón (ppm). Para conocer el dato en tiempo real, es útil colocar en la habitación un medidor de dióxido de carbono. Hay distintos ejemplos en este sentido, como el proyecto <a href="https://www.aireamos.org/">Aireamos</a> impulsado por Jiménez y otros científicos españoles; el <a href="http://www.unsam.edu.ar/tss/para-que-corra-el-aire/">dispositivo</a> fabricado en la Universidad Nacional de Hurlingham, desarrollado por Aliaga y basado en la experiencia española; y los medidores fabricados por diversas empresas como WeSense, VNL Research y Ventilemos, entre otras.



<h2>Cruzada contra el virus</h2>



¿Y qué pasa si no contamos con un aparatito de esos? “Lo que recomendamos es una ventilación continua, cruzada, distribuida y medida. Continua porque es más eficiente que abrir de a ratos, ya que así te asegurás de que no se acumula el aire respirado. Cruzada porque lo más conveniente es abrir ventanas y puertas que estén opuestas entre sí, siempre que esto sea posible. Si abrís la ventana pero tenés la puerta cerrada, no circula mucho la ventilación, porque el intercambio de aire con el exterior por difusión es lento. Distribuida porque si tenés muchas aberturas, lo mejor es abrir un poco cada una para evitar que se acumule aire en algún rincón. Y medida porque si tenés un medidor de dióxido de carbono, podés saber con mayor precisión cuándo es necesario ventilar más”, precisa Aliaga.



Para el investigador, sería bueno incorporar la costumbre de ventilar más aún cuando pase la pandemia, ya que “la Argentina posee una tasa alta de enfermedades respiratorias y tener aire que no esté viciado es algo saludable más allá del COVID-19”. También señala que hay otras soluciones, como poner sistemas de filtro de aire, pero que son mucho más costosas. “El tema con esos aparatos es que se aleja bastante de lo que es posible para un aula o una vivienda de la Argentina. Por eso, la primera opción y la más barata es ventilar”, finaliza.

Periodista. Escribo sobre ciencia, género y América Latina. Caí en la pública en el 2007 y no me fui más. También bailo ritmos cubanos, subo montañas y le hincho los ovarios a mi gatita Rumba.

Nadia Luna

Daniela Filipelli

Cannabis industria nacional

Se va la segunda

Estamos en el aire

Si había dudas sobre la llegada de la segunda ola de COVID-19 a Argentina, quedaron saldadas con el récord de 22.039 casos que se registró este miércoles. La cifra superó el valor máximo registrado en la “primera ola”, con 18.326 casos el 21 de octubre. Es cierto que el porcentaje de positividad es menor (en octubre era del 51% y hoy es del 26%), lo que indica que se está testeando más. Sin embargo, no es el único factor que explica el aumento de casos, un fenómeno que viene sucediendo en todo el mundo desde hace meses.



Uno de los factores relevantes de este pico de casos tiene que ver con las nuevas variantes. El último <a href="https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-detectan-casos-de-las-variantes-de-reino-unido-manaos-rio-de-janeiro-y-california-sin">reporte</a> del Consorcio Proyecto PAIS confirmó que se detectaron casos de las variantes de Manaos, Reino Unido, Río de Janeiro y California sin nexo epidemiológico ni contacto estrecho con viajeros. Si bien los virus mutan todo el tiempo, estas variantes preocupan porque están asociadas a una mayor tasa de transmisión.



El bioinformático e investigador del CONICET Rodrigo Quiroga, que realiza análisis periódicos sobre el impacto de las estrategias sanitarias desde el comienzo de la pandemia, afirma: “El aumento actual de casos es muy veloz y la principal diferencia con el año pasado es que partimos de un piso alto de 8 mil casos. La otra gran diferencia es que hoy tenemos vacunas. La vacunación total de la población de mayores de 60 no está tan lejos y se estima que se podría alcanzar en un mes o mes y medio. Es un dato alentador pero también es necesario frenar los contagios”.



<h2>(Casi) nadie pasa de esta esquina</h2>



Si bien una persona inmunizada puede contagiarse y transmitir el virus, también hay cada vez más datos sobre la alta efectividad de la vacunación para disminuir muertes y formas graves de la enfermedad, y esto ya se está comprobando en los países más avanzados. Un <a href="https://elpais.com/ciencia/2021-02-25/un-estudio-realizado-en-israel-con-la-vacuna-de-pfizer-reduce-la-mortalidad-un-72-con-una-sola-dosis.html">estudio</a> realizado en Israel y publicado en la revista New England Journal of Medicine constató que la vacuna de Pfizer/BioNTech ofrece una protección del 94% en casos sintomáticos, una semana después de la segunda dosis. El ensayo clínico nacional se realizó en 1.200.000 personas, entre el 20 de diciembre y el 1 de febrero, cuando la variante británica ya era predominante y afectaba al 80% de los casos.



En tanto, en España, los efectos de la vacunación ya se están viendo en los mayores de 80. Al alcanzar un 70% de esa población inmunizada, los datos del Ministerio de Sanidad <a href="https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/tres-senales-vacunacion-nota-datos-explican-inmunizacion-masiva-crucial_1_7377446.html">muestran</a> que las muertes en ese grupo etario bajaron a menos de la mitad del total por primera vez desde el inicio de la pandemia. Hoy representan el 48%, mientras que antes no bajaban de entre el 65 y 70%.



Pero además de prevenir formas graves de la enfermedad, hay estudios que sugieren que las vacunas también reducen el riesgo de infección. Así lo indica, por ejemplo, este <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399">preprint</a> sobre un ensayo realizado en trabajadores de la salud de Reino Unido, donde se vio que con una dosis de Pfizer, la eficacia contra infecciones sintomáticas y asintomáticas era del 72%, mientras que a una semana de la segunda dosis ascendía al 86%. Por otro lado, un <a href="https://elpais.com/sociedad/2021-03-29/las-vacunas-de-pfizer-y-moderna-reducen-el-riesgo-de-infeccion-de-covid-en-un-90-tras-la-segunda-dosis.html">ensayo</a> realizado en Estados Unidos por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, indicó que las vacunas de Pfizer y Moderna tuvieron un 90% de eficacia en reducir la transmisión del virus.



<h2>Las vacunas funcionan</h2>



En América Latina, el ritmo de vacunación es un poco más lento pero ya van apareciendo algunos datos sobre la efectividad de las vacunas. Un caso paradigmático es Chile, ya que por un lado tiene un 45% de la población inmunizada con al menos una dosis, y por el otro atraviesa un récord de casos. Algunos especialistas <a href="https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/tres-senales-vacunacion-nota-datos-explican-inmunizacion-masiva-crucial_1_7377446.html">explican</a> esto por la introducción de las nuevas variantes, diseminada en gran parte por el grupo de 30 a 60 años, que no forma parte de la población objetivo de esta parte de la campaña de vacunación. Además, la formación de anticuerpos lleva su tiempo. Recién un mes después de vacunar al 80% de los mayores de 70, se observó una disminución en la curva de casos de ese grupo poblacional.



En Argentina, la campaña de vacunación tomó ritmo en los últimos diez días gracias a la llegada de varias partidas de vacunas. Según <a href="https://twitter.com/SaludBAP/status/1379491871869767690">datos</a> del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el impacto de la vacunación ya se empieza a notar en los mayores de 70, cuyo crecimiento de casos en el mes de marzo (53%) fue menor al que se dio en las personas de entre 60 y 69 años (78%), a quienes recién comenzaron a vacunar hace un par de semanas.



De todos modos, Quiroga advierte: “creo que aún es pronto para atribuir el efecto a la vacunación, porque otro factor que influye es que cuando los casos empiezan a subir, esa población es la que más se cuida”. Sin embargo, Quiroga indica que hay algunos datos que, aunque preliminares, comienzan a dibujar un panorama. “Según un análisis que están haciendo los investigadores Sol Minoldo y Rodrigo Maidana a partir de datos del Ministerio de Salud de la Nación, se vio una reducción aproximada del 55% en los casos y del 95% en la mortalidad de la población vacunada hasta el momento, a los 14 días de la primera dosis”, cuenta.



<h2>Otras medidas</h2>



La vacuna es una herramienta clave para poner fin a la pandemia pero por sí sola no alcanza: debe estar acompañada de otras estrategias que ayuden a retrasar el impacto de la segunda ola. En Argentina, algunas medidas que se tomaron en las últimas semanas tienen que ver con el cierre de fronteras, la implementación de restricciones nocturnas y la decisión de diferir la segunda dosis de las vacunas para inmunizar a una mayor cantidad de población en menor tiempo. Este miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas, como la reducción de la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana. Quiroga remarca la importancia de que haya un control estricto de las medidas y la necesidad de seguir manteniendo los cuidados básicos. “En Reino Unido, Chile e Israel se vio que en los primeros días posteriores a la inmunización, hubo un aumento de los contagios. Eso tiene que ver con que las personas vacunadas se dejan de cuidar y se contagian antes de que la protección de la vacuna empiece a actuar”, afirma. “Estamos atravesando la carrera de contagios y la carrera de vacunas al mismo tiempo. Por eso es importante que haya un acatamiento masivo de las medidas mientras seguimos avanzando en la campaña de inmunización”, finaliza.

Azul Damadian

Justicia climática

Este lunes, con motivo del Día Mundial del Agua, miles de personas se movilizaron para exigir políticas ambientales y protestar contra las diversas formas de extractivismo que se realizan en Argentina. El reclamo, bajo las consignas de “Argentina en emergencia climática” y “Marcha Plurinacional por el Agua”, fue impulsado por organizaciones sociales y movimientos ambientalistas, como Jóvenes por el Clima, Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y Alianza por el clima. En la Ciudad de Buenos Aires, las acciones se concentraron en un verdurazo de la UTT, una sentada con distanciamiento social frente al Congreso Nacional y una marcha hacia Plaza de Mayo. También hubo convocatorias en distintos puntos del país, entre ellos, Tucumán, Salta, Posadas, Mar del Plata, Ushuaia, Bariloche y Mendoza.



Algunos de los principales reclamos tienen que ver con la sanción de leyes que protejan los humedales, que impulsen el reciclado con inclusión social y que faciliten el acceso al agua y a la tierra para la producción agroecológica. Las manifestaciones también mostraron un fuerte rechazo contra las explotaciones mineras, el fracking, los grandes incendios forestales y el acuerdo con China para la instalación de granjas porcinas. A su vez, exigieron el cumplimiento de las leyes ambientales que ya existen, como la<a href="https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236220/20201019"> ley 27.566</a>, sancionada en septiembre del año pasado, que ratifica el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.



<h2>Lo esencial es invisible a los ojos</h2>



Las problemáticas ambientales en Argentina son numerosas y diversas y se extienden a lo largo y ancho de todo el país. Un ejemplo que abarca a gran parte del territorio nacional son los incendios forestales, que el año pasado arrasaron con<a href="https://www.telam.com.ar/notas/202012/539450-en-el-2020-mas-de-un-millon-de-hectareas-fueron-arrasadas-por-el-fuego-en-el-pais.html"> más de un millón</a> de hectáreas. El 95% de los incendios se origina por acción humana, ya sea por negligencia o de forma intencional, y muchos se producen en áreas protegidas, como boques nativos. Según el último<a href="https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf?send_key=MzE1LTMwMDgzNjYxMS0xNTY2MC0xODczNi00NTAzMjg1LQ&amp;contact_key=315CYJ83azz4IoJOb5FtU2Z6tl5TzmCyy0bwKjAUT9ZByIqK&amp;utm_source=datacrush"> informe</a> anual de Greenpeace, una de las zonas más afectadas por los desmontes es el norte argentino, donde la pérdida de bosques en 2020 fue de 114.716 hectáreas.



“El problema de los incendios es uno de los que más está en agenda actualmente porque visibiliza bastante los efectos de la crisis climática. A veces pasa que como no la podemos ver, es más difícil que nos indigne, pero con los incendios eso se hace más visible. Es importante que no deje de preocuparnos cuando el fuego se apague. También es necesario derribar el mito de que la crisis climática es algo que va a pasar en el futuro. Ya está pasando y se relaciona con una cuestión de derechos humanos porque hay muchas personas que se quedan sin sus casas o que no tienen acceso al agua potable, que son derechos básicos”, explica Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima, una organización ambiental y política que se conformó en marzo de 2019.



Otros problemas ambientales y sociales que atraviesa el país están vinculados al avance de la frontera agrícola a raíz de un modelo productivo basado en agroquímicos; proyectos mineros como el que se quiere implementar en la meseta central de Chubut; el derretimiento de los glaciares y la pérdida de humedales. Según un<a href="https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/gwo_s.pdf"> informe</a> de la Convención Ramsar, entre 1970 y 2015 se produjo un descenso global de los humedales de aproximadamente un 35%. En la Argentina, hace casi una década que se viene empujando la sanción de una ley que proteja estos ecosistemas, que tienen un rol clave porque representan casi un 25% del territorio nacional, albergan una gran biodiversidad y son importantes reguladores hídricos y de carbono. “El proyecto ya se cajoneó tres veces en el Congreso. Es muy difícil que salga por los intereses inmobiliarios y agropecuarios que hay detrás”, señala Becker. Por eso, fue una de las principales demandas de las movilizaciones del lunes.



<h2>Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver</h2>



Otras de las demandas que más resonaron fueron el tratamiento y sanción de Ley de Acceso a la Tierra, la Ley de Reciclado con Inclusión Social y la Ley de Educación Ambiental. Las dos primeras tienen un fuerte componente social, por lo que se destacó la presencia de movimientos como la UTT y la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “La crisis climática nos pone en el desafío de imaginarnos un futuro que sea realmente distinto tanto en lo que consumimos y en cómo lo producimos”, dice Becker acerca de la importancia de un acceso a la tierra que impulse formas agroecológicas y sustentables de producción de alimentos.



En tanto, la ley de reciclado apunta a recuperar buena parte de los residuos que se acumulan en basurales a cielo abierto y mejorar las condiciones de trabajo de cartoneros y cartoneras, que desempeñan un papel crucial para el desarrollo de una economía circular. En ese sentido, una de las propuestas es que las empresas que generan residuos como plásticos de un solo uso, paguen una tasa por los envases y que el Estado utilice ese dinero para diseñar políticas públicas que garanticen la recuperación de esos materiales.



También hay políticas ambientales que ya existen pero no se cumplen del todo. En 2019, se sancionó la<a href="https://www.unsam.edu.ar/tss/una-ley-para-enfrentar-el-cambio-climatico/"> Ley</a> de Presupuestos Mínimos para el Cambio Climático que establece estrategias transversales a todos los ministerios, crea un consejo asesor e involucra a las provincias en el cumplimiento de acciones para mitigar su impacto. Sin embargo, la creación del consejo asesor todavía está pendiente. Además, hay falencias en el cumplimiento de la Ley de Bosques, que desde su implementación en 2009 ha recibido<a href="https://www.argentinaforestal.com/2020/09/30/bosques-nativos-el-proyecto-de-presupuesto-nacional-solo-contempla-un-48-de-lo-que-le-corresponderia-a-la-ley-de-bosques/"> menos del 10%</a> del presupuesto que le correspondería; y de la Ley de<a href="https://www.telam.com.ar/notas/202009/520065-ley-de-glaciares-greenpeace.html"> Glaciares</a>, amenazados, entre otras cuestiones, por diversos proyectos mineros.



<h2>Pandemia climática</h2>



Si bien todos los reclamos ambientales vienen de larga data, parecen tomar más fuerza en el contexto pandémico que atraviesa el mundo. “Estamos en una pandemia causada por la destrucción de ecosistemas y el corrimiento de la frontera agropecuaria, por eso más que nunca hay que salir a la calle para exigir un futuro más justo porque no queremos más pandemias”, advierte Becker y cuenta que las dos leyes que apuntan a que salgan sí o sí este año son la de Educación Ambiental y la de Humedales.Sin embargo, reconoce que más allá de lograr la sanción de políticas, es necesario modificar el modelo de producción hegemónico. “Para combatir la crisis climática, hay que encarar la transición energética que, para que sea justa e incluya a los trabajadores, va a llevar tiempo. Pero Argentina tiene muchos recursos para hacerla. Como decimos siempre, no hay justicia social sin justicia climática”, finaliza.

Mundo en llamas

Este martes, la revista británica The Lancet publicó un <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus21&amp;utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;s=08">estudio</a> con resultados intermedios de fase 3 sobre la vacuna Sputnik V que muestra una eficacia del 91,6% luego de la segunda dosis. Además, aporta otros datos interesantes, entre ellos que el alto nivel de eficacia se mantiene en mayores de 60, y que entre los 14 y 21 días después de la primera dosis la protección ya es de un 73,6%.



Los resultados se desprenden de un ensayo clínico realizado en 19.866 voluntarios, de los cuales 14.964 recibieron la vacuna y 4.902 el placebo. Al realizar el corte para evaluar la eficacia de la vacuna, se detectaron entre los voluntarios 78 casos de COVID-19: 62 fueron en el grupo que recibió el placebo. En tanto, los 16 contagios registrados en el grupo vacunado se dieron antes de recibir la segunda dosis y sólo presentaron síntomas leves, por lo que el estudio afirma que la eficacia de la vacuna contra formas graves de la enfermedad es del 100%.



<h2>Eficaz y segura</h2>



Además de mostrar un alto nivel de eficacia en general, un aspecto clave que aporta el estudio es que la protección es igual de alta en mayores de 60, que forman parte de la población de riesgo. El análisis se hizo en 2.144 voluntarios de entre 60 y 87 años, y arrojó una eficacia del 91,8%. Además, se tuvo en cuenta tanto la respuesta inmune humoral (producción de anticuerpos que evitan el ingreso del virus a la célula) como la respuesta inmune celular (que elimina células ya infectadas).



Otro punto interesante es que se observó un buen nivel de protección luego de la primera dosis, ya que de 15 a 21 días después de su aplicación, la eficacia fue del 73,6% y a partir del día 21 (día en que se aplica la segunda dosis), la eficacia fue del 100%. Este dato es útil para evaluar diversas estrategias sanitarias, como la que se viene discutiendo en diversos países ante la escasez de vacunas, sobre si es mejor vacunar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis o a menos personas con las dos.



De todos modos, es importante tener en cuenta que la Sputnik usa un tipo de adenovirus distinto para cada dosis (26 y 5), por lo que la protección recién se completaría con la administración de todo el esquema. La función que cumple el adenovirus es la de un delivery: es incapaz de replicarse pero lleva en su interior, cual caballo de Troya, el gen de la proteína Spike, para estimular la respuesta del sistema inmune contra el coronavirus. La estrategia de utilizar dos tipos de adenovirus distintos está dirigida a minimizar el riesgo de que el cuerpo monte una respuesta inmune contra la mismísima vacuna.&nbsp;



En el estudio se remarca que la seguridad de las vacunas que utilizan vectores adenovirales se ha estudiado ampliamente. Esto le otorga una ventaja en comparación con las vacunas de Pfizer y Moderna, cuya tecnología es más novedosa y, por lo tanto, requieren más pruebas para demostrar su seguridad. Otro dato importante del trabajo en este sentido es que no se registraron efectos adversos graves asociados a la vacunación.



<h2>Publicar o vacunar</h2>



La publicación de los resultados en una revista científica avala los porcentajes de eficacia anunciados por el Instituto Gamaleya y chequeados por los organismos regulatorios de los países donde se presentó la solicitud de autorización. Es decir, la publicación del paper implica que el trabajo pasó por la revisión de expertos que no formaron parte del estudio y que los datos estarán disponibles para toda la comunidad científica.



Esto es parte de un proceso habitual en el sistema científico. Sin embargo, la falta de publicación de los resultados fue un argumento que los detractores de las vacunas en general, y de la “vacuna rusa” en particular, usaron para decir que no era conveniente su aplicación. Incluso se vio en las redes sociales una especie de campaña de desprestigio hacia la ANMAT, el organismo encargado de autorizar el uso de medicamentos en la Argentina. Por eso, no está de más aclarar que aunque la información aún no era pública al momento de autorizar la vacuna, la ANMAT sí tenía todos los datos necesarios para evaluar su aprobación.



También es importante señalar que todas las vacunas son aprobadas bajo la figura de autorización de emergencia, ya que ninguna ha concluido los ensayos de fase 3. De todos modos, la publicación en The Lancet ya está teniendo sus efectos. Apenas un día después, México y Nicaragua se sumaron a los 16 países que ya habían registrado el uso de la Sputnik. ¿Por qué será que se confía más en una revista británica que en el organismo regulatorio del propio país?



<h2>Sabemos más que ayer y menos que mañana</h2>



Los ensayos de fase 3 de todas las vacunas continúan. Algo que no se sabe de ninguna aún es si impiden el contagio del virus, aunque según se viene observando, cumplen el objetivo de evitar formas graves de la enfermedad. Otro aspecto que habrá que evaluar en el tiempo es la duración de la inmunidad. Con respecto a la Sputnik, los autores del estudio señalan que falta investigar la vacuna en menores de 18 y en embarazadas. También aclaran que el estudio se hizo en Rusia y que la mayoría de los participantes eran blancos, por lo que habrá que esperar los resultados de ensayos realizados en otros países para confirmar si se mantiene el alto nivel de eficacia en poblaciones con otros perfiles genéticos.

Belén Kakefuku

El tren infinito

Acción mutante

Vacunas con referato

Son semanas decisivas para la legalización del aborto en la Argentina. Este martes, comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados el <a href="https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://pagina12-pdfs.s3.amazonaws.com/ipad/@@@pdfs/Ley%2520-%2520Regulaci%25C3%25B3n%2520del%2520Acceso%2520a%2520la%2520interrupci%25C3%25B3n%2520voluntaria%2520del%2520embarazo%2520%25281%2529.pdf">proyecto</a> de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 17 de noviembre y se enmarca en una demanda histórica impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en 2018 estuvo a media sanción de convertirse en ley.



La semana comenzó con el debate del otro proyecto presentado por el oficialismo: el <a href="https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://pagina12-pdfs.s3.amazonaws.com/ipad/@@@pdfs/proyecto%2520de%2520ley%2520%25281000%2520d%25C3%25ADas%2529.pdf">“Plan de los mil días”</a>, que busca reforzar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, como forma de acompañar proteger y apoyar las maternidades deseadas. El programa está basado en un esquema que rige en la provincia de San Juan desde 2016.



El martes, en tanto, comenzó a discutirse el proyecto de IVE en cuatro comisiones: Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Mujeres y Diversidad. Durante dos días, expusieron 50 referentes de diversos campos, 25 a favor y 25 en contra. Se espera que este viernes haya dictamen y una fecha posible para tratarse en el recinto es el próximo 10 de diciembre.



<h2>Objeción de conciencia</h2>



Según el documento presentado, el proyecto de IVE busca “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.



Entre los principales puntos del proyecto, se establece que las personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo, se podrá acceder cuando el embarazo sea resultado de una violación –declaración jurada mediante, excepto en niñas menores de 13 años– y cuando haya riesgo de vida o de salud de la mujer, como estipula el artículo 86 del Código Penal, que data de 1921 pero que un siglo después sigue siendo de difícil cumplimiento.



Otro aspecto relevante es que las obras sociales y prepagas deberán ofrecer una cobertura integral y gratuita de la IVE. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total. En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.



Una arista que ha generado mucha discusión a lo largo de estos años y que ha obstaculizado la realización de la práctica en muchos casos es el de la objeción de conciencia. Al respecto, el proyecto establece que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero que debe derivar a la persona gestante para que sea atendida por otro u otra profesional “en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.



Además, el proyecto señala que el Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.



<h2>Clandestino</h2>



Es muy difícil estimar la cantidad de abortos que se realizan en Argentina por año. Un<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12842/np87095120_es.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y"> estudio</a> realizado en 2005 por las demógrafas Silvia Mario y Edith Pantelides, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación (que al igual que en la actualidad, estaba a cargo de Ginés González García) habla de 370.000 a 520.000. Las investigadoras emplearon dos métodos para arribar a esta cfra: egresos hospitalarios y el método residual. El problema es que el primero sólo brinda estadísticas sobre abortos realizados legalmente o casos de complicaciones en abortos clandestinos que derivan en hospitalizaciones. El último, en cambio, relaciona la cantidad de nacimientos con la fertilidad potencial, a partir de datos como el uso de anticonceptivos y las costumbres sociales (por ejemplo, edad de inicio de relaciones sexuales), entre otros parámetros. Posteriormente, este estudio fue criticado y otras estimaciones (extrapoladas a partir de estudios regionales) colocaron esas cifras en valores un poco más bajos (entre 260.000 y 370.000 casos anuales). Esto demuestra que es muy difícil construir estimaciones certeras partiendo de datos poco sólidos, y que la clandestinidad de la práctica hace aún más difícil conocer el estado real de la situación.



Además de las secuelas emocionales y sociales, las complicaciones físicas de realizar un aborto de forma clandestina incluyen hemorragias, infecciones y otras más severas como el shock séptico o la lesión de órganos internos. Así lo consigna un <a href="http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/64-CIFRAS%20ABORTO-REDAAS-singlepage.pdf">informe</a> de la Red de Acceso al Aborto Seguro, que también indica que en Uruguay, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por aborto clandestino descendió de 37% a 8%. Entre los motivos por los cuales las personas gestantes llegan a la decisión de abortar, señalan la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a la información adecuada para usarlos, las altas tasas de violencia contra la mujer que a veces llevan a embarazos forzados, y el hecho de vivir en condiciones sociales precarias.



<h2>Nuestras respetables subjetividades</h2>



La legalización del aborto en la Argentina es <a href="http://www.abortolegal.com.ar/about/">“una deuda de la democracia”</a>, tal como suele remarcar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, una amplia y diversa red federal que articula buena parte de las luchas. La Campaña nació en 2005 y dos años después presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por primera vez. Sin embargo, varias de sus impulsoras militaban la causa desde mucho antes.



Una de las pioneras fue Dora Codelesky, que en 1987 creó la Comisión por el Derecho al Aborto. Pocos años después, sus integrantes solían pararse en la vereda de la confitería El Molino, frente al Congreso Nacional, para hablar sobre aborto y repartir volantes dos veces al mes, donde recibían insultos pero también tímidas consultas de quienes pasaban por allí. Otras <a href="http://revistaanfibia.com/cronica/pioneras-del-aborto-legal/">‘históricas’</a> de la lucha son Marta Alanis, Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo, Alicia Cacopardo y Elsa Schvartzman.



Hoy sus voces se multiplican en cientos de miles de personas de todas las edades, como quedó demostrado en 2018 durante el debate en el Congreso Nacional, cuando las calles se llenaron de cantos feministas y pañuelos verdes. “En 2018 no se perdió, se despertó a la juventud porque el derecho a la IVE es autonomía, es libertad y es igualdad”, dijo Nelly este martes, como una de las expositoras de la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VB2bE_gE6bM&amp;feature=emb_title">primera jornada</a> del debate en Diputados. “Invito a todos, a mí también, a despojarnos de nuestras subjetividades, muy respetables, pero pensar que estamos legislando para millones. Aquellos que no comparten nuestras ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si se niega el derecho al aborto y a la educación sexual integral, se obliga a muchos seres humanos a cambiar su proyecto de vida y a entrar en el campo del delito. Esa es la gran diferencia”, explicó.



Si el proyecto obtiene media sanción en Diputados, pasa a debatirse en el Senado. El objetivo es que siga un cronograma similar y que, antes de que termine el año, finalmente sea ley.

El lado oscuro del sol

Vacunas: la recta final

Legislar para millones

Este lunes 16 se realizó un tuitazo con el hashtag #ArgentinaNoDescarta, reclamando que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emita dictamen al <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-Yi5o0ZDVUfSce1qr3kJPUaW2MwE8tKl">proyecto de ley</a> para la reducción progresiva de plásticos de un solo uso. También circula <a href="https://www.change.org/p/legislaci%C3%B3n-para-eliminar-progresivamente-los-descartables-pl%C3%A1sticos-en-argentina-argentinanodescarta?signed=true">una petición</a> que lleva reunidas más de 53 mil firmas. El objetivo es que la iniciativa, que ya fue aprobada por la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente el pasado 6 de noviembre, pueda tratarse en el recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias.



El proyecto busca “establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la regulación, reducción, sustitución y prohibición de manera progresiva de productos plásticos de un sólo uso, a fin de prevenir y reducir el impacto en el ambiente y fomentar la transición a una economía circular”. El texto es el resultado de la unificación de propuestas presentadas por legisladores de diversos partidos políticos, entre ellos, el diputado <a href="https://dequesetrata.com.ar/proyecto/camara-de-diputados/3718-D-2019-27842">Leonardo Grosso</a> (Frente de Todos) y la <a href="https://www.parlamentario.com/2019/08/23/presentan-el-proyecto-de-ley-para-la-prohibicion-de-plasticos-de-un-solo-uso/">diputada Brenda Austin</a> (UCR).



&#8220;En Argentina se desechan 12 millones de botellas plásticas por día, así que ahí ya tenemos un problema grande sólo con botellas. Otra cuestión a tener en cuenta es que los plásticos tardan alrededor de 450 años en descomponerse. Ese proceso se realiza por vía física, como puede ser la acción de las mareas, o química, a través de rayos UV. Esto genera microplásticos que se filtran por todos lados y llegan, por ejemplo, al organismo de crustáceos y al agua potable, por lo que eventualmente lo terminamos consumiendo&#8221;, señala Alejandro Mafut, estudiante de Ciencias Biológicas e <a href="https://elgatoylacaja.com/un-mundo-de-plastico/">investigador en la temática</a>.



El consumo de microplásticos fue uno de los aspectos que se remarcó bastante en el tuitazo porque, mientras que es fácil visualizar los residuos plásticos arrojados en la vía pública, no sucede lo mismo con esas diminutas partículas que se alojan en nuestro organismo sin que nos demos cuenta. Según <a href="https://www.vidasilvestre.org.ar/?19380/Las-personas-consumimos-una-tarjeta-de-credito-por-semana-a-traves-de-micro-plasticos-asegura-nuevo-informe">estudios recientes</a>, se estima que ingerimos 5 gramos de plástico por semana, lo que equivale a una tarjeta de crédito o a un vaso desechable.



Por otra parte, una investigación publicada en <a href="https://www.researchgate.net/publication/318567844_Production_use_and_fate_of_all_plastics_ever_made">Science Advances</a> relevó que, desde que el plástico comenzó producirse a escala industrial en 1950 hasta 2015, se generaron aproximadamente 8.300 millones de toneladas de plástico, de las cuales 6.300 millones de toneladas ya son residuos. A su vez, el estudio abordó el destino final de esos desechos: el 79% se había acumulado en vertederos o en el ambiente, el 12% se había incinerado y sólo el 9% se había reciclado. Finalmente, estimaron que si continúan las tendencias actuales de producción y gestión de residuos, para 2050 la cantidad de residuos plásticos ascenderá a 12 mil millones de toneladas.



<h2>Plasticidad nacional</h2>



La iniciativa que se debate en las comisiones de la Cámara de Diputados apunta no sólo a reducir progresivamente la utilización de plásticos sino también a promover procesos de sustitución por alternativas reutilizables o biodegradables. En ese sentido, propone como objetivos fomentar la readecuación de los procesos de producción de plásticos de un solo uso y promover la transición de hábitos de consumo en las personas a partir de concientizar sobre el impacto ambiental que generan.



La normativa alcanza a productos plásticos de un solo uso como bolsas no reutilizables, vajillas y utensilios (como bandejas, vasos y palitos de helado), hisopos, envoltorios y productos con destino sanitario (como toallitas húmedas y pañales). A su vez, establece plazos para la reducción progresiva, con un máximo de tres años. También propone implementar acciones para avanzar hacia una desplastificación en las dependencias del Estado.



“Un punto interesante del proyecto es que establece áreas de prioridad, como zonas costeras y cercanas a ríos y lagunas. En esas áreas, la prohibición para el ofrecimiento de productos plásticos de un solo uso deberá realizarse de manera inmediata”, indica Mafut, y remarca: “Es importante lograr esta ley para que la reducción del uso de plásticos no dependa sólo del accionar individual y de las ONGs ambientales, sino que se aplique a nivel nacional”.



Según el texto, la autoridad de aplicación será el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo, y las acciones de monitoreo y sanción serán coordinadas entre Nación, provincias y municipios. También será atribución de dicha autoridad promover la investigación científica para el desarrollo de materiales no contaminantes que permitan reemplazar a los plásticos.



Finalmente, la ley crea el “Régimen para la reconversión productiva de MiPyMEs productoras e importadoras de productos plásticos de un solo uso”, con diversos incentivos como un cupo del 25% de compras y contrataciones por parte del Estado de insumos alternativos para sustituir los plásticos y líneas de crédito para financiar la reconversión.



<h2>Un capítulo abierto y dos buenas noticias</h2>



Si bien la discusión por este proyecto de ley continúa y aún no se sabe si logrará llegar al recinto de la Cámara de Diputados antes de que finalice el año, esta semana se aprobaron dos leyes que implican avances en materia ambiental. Una es la Ley Yolanda (llamada así en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina), que establece que todos los empleados públicos deberán recibir una capacitación con perspectiva socioambiental integral.La otra buena noticia es que obtuvo media sanción la modificación de la <a href="http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207401/norma.htm">Ley de Manejo de Fuego</a>, que prohíbe la modificación del uso de suelo de superficies incendiadas por 60 años en zonas de bosques y áreas protegidas, y por 30 años en matorrales y pastizales, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y financiera. La iniciativa se presentó luego de la gran preocupación que generaron los incendios producidos este año que, según los <a href="https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/18-nov-reporte_incendios_.pdf">reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego</a>, afectaron a unas 900 mil hectáreas en todo el país.

Para comerte mejor

Devolvé la bolsa

Este viernes comienza a debatirse en reunión de comisiones de la Cámara de Diputados la Ley sobre Etiquetado de Alimentos, que el pasado 29 de octubre tuvo media sanción en el Senado por amplia mayoría (64 votos a favor y 3 en contra). El proyecto busca garantizar el derecho a la salud y promover una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas sin alcohol. La iniciativa, que responde al reclamo de organizaciones de la sociedad civil y a las recomendaciones de organismos internacionales, compila <a href="http://docplayer.es/196692523-Congreso-nacional-camara-de-senadores-sesiones-ordinarias-de-2020-orden-del-dia-no-de-octubre-de-2020-sumario.html">distintos proyectos de ley</a> presentados por legisladores de diversos partidos políticos.



La propuesta es implementar sellos negros con forma de octágonos que advierten en letras blancas mayúsculas si el alimento contiene exceso de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y/o calorías. “El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados es un gran problema de salud pública en todo el mundo, y Argentina no es la excepción. Se trata de alimentos hechos en fábricas y vendidos en paquetes, cuyos ingredientes están representados por un conjunto de componentes que muchos no conocen, como la lecitina de soja, el jarabe de maíz alto en fructosa y otras cosas que ni podemos mencionar. Generalmente, se caracterizan por tener mucha azúcar, sal y grasas. Así, alimentos que son dulces contienen sal para mejorar su conservación y alimentos que no son dulces contienen azúcar para mejorar su gusto. También se usan grasas vegetales o animales para mejorar el sabor y la consistencia” afirma Ezequiel Arrieta, médico e investigador en la temática de dietas saludables y sostenibles.



Según el proyecto de ley, el tamaño de cada sello no puede ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase. Además establece que, si el alimento contiene edulcorantes, el envase debe exhibir debajo de ellos una leyenda que advierta: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”. Lo mismo en el caso de la cafeína. También se indica que los&nbsp; alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia no pueden ser ofrecidos ni publicitados en los establecimientos educativos que conforman el Sistema Educativo Nacional.



<h2>¿Por qué es necesario?</h2>



Según la <a href="https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf">4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo</a> (2018), el 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso (incluye sobrepeso y obesidad). Se trata de un porcentaje que fue en aumento, ya que en 2005 había sido del 49%. Por su parte, se estima que el 41,1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene exceso de peso, mientras que en menores de 5, el porcentaje es del 13,6 %.



El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se incluyen diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por eso, desde entidades como <a href="https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10304:publicacion-sobre-etiquetado-frontal-de-alimentos-aporta-a-la-discusion-sobre-la-alimentacion-saludable-en-argentina&amp;Itemid=294">Organización Mundial de la Salud</a> se viene recomendando desde hace tiempo la implementación de un etiquetado frontal de alimentos como una de las medidas más costo-efectivas para brindar a los consumidores información clara y veraz sobre el contenido de alimentos y bebidas con el objetivo de desincentivar su consumo.



¿Por qué serán tan atractivos estos alimentos? Arrieta explica: “Cuando se combinan ingredientes como azúcar, sal y grasas, se genera una explosión de placer en el sistema de recompensas de nuestro cerebro y queremos comerlos todo el tiempo. El problema es que no existen advertencias al respecto y por lo tanto no estamos al tanto de que su consumo excesivo nos hace mal, a diferencia de otras sustancias como el tabaco, que tiene advertencias y otras medidas de regulación que ayudaron a reducir el consumo. Por eso es importante la ley de etiquetado: provee información fácil de digerir sobre el impacto que tienen los alimentos ultraprocesados en la salud”.



<h2>¿Funciona?</h2>



Argentina viene bastante atrasada en relación a otros países de la región que ya tienen su ley de etiquetado, como Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y México. Se han probado diversas estrategias. Una de ellas es el sistema de semáforo, que indica el contenido de nutrientes críticos mediante una combinación de colores y las palabras “alto” (rojo), “medio” (amarillo) o “bajo” (verde). Sin embargo, no parece ser el sistema que más impacto logra.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/ZD6abHUNDaJTM_utxO_gVExywFQTXV-yRMEEC3JAEo0K8bdi4VQA3DTv4ZA_gqPVxHwA2k4-s04ofoM2TJlCxQ4aPfseFBPcVy25U55fgD--OIDfuJS3YGS2Wue8_Guu6cBaYi_I" alt=""/><figcaption>Distintos sistemas evaluados. <a href="https://www.ficargentina.org/wp-content/uploads/2019/07/2005_policy_fop.pdf">Fuente</a>.</figcaption></figure>



Según la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, una organización que realiza <a href="https://www.ficargentina.org/?tipo=documentos-informativos,materiales-graficos,papers-cientificos,publicaciones,reportes-de-investigaciones&amp;temas=alimentacion">investigaciones sobre el tema</a> y ha venido impulsando el proyecto de ley, el sistema de sellos negros es el que más ayuda a percibir un producto con exceso de azúcar, grasas o sal como un producto no saludable.



En el mismo sentido, <a href="https://www.prevenirobesidadinfantil.org/wp-content/uploads/2020/10/2010_Mitos_Realidades_Etiquetado.pdf">este informe</a> presentado en octubre por la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes señala que “existe una amplia evidencia desarrollada en la región que muestra que el sistema de advertencia de octógonos es el más adecuado en comparación con otros sistemas evaluados. Además, existen estudios desarrollados a nivel local que así lo indican y se encuentra respaldado por la mayor autoridad sanitaria de la región”.



Por otra parte, <a href="https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015">un estudio</a> realizado en Chile, donde la Ley de Etiquetado comenzó a implementarse en 2016, reveló que entre 2015 y 2017 hubo una reducción de 23.7% en la compra de bebidas azucaradas.



<h2>¿Cómo sigue?</h2>



Si bien en el Senado el proyecto obtuvo una amplia mayoría, el proyecto <a href="https://www.letrap.com.ar/nota/2020-11-8-10-13-0-quien-es-quien-en-el-lobby-contra-la-ley-de-etiquetado-de-alimentos">no es visto con buenos ojos</a> por algunos sectores de la industria alimenticia, entre los que destaca la Coordinadora de Industrias Fabricantes de Alimentos (COPAL). La presión ejercida por el lobby de estos sectores hizo que, en un principio, el proyecto fuera girado a <a href="https://www.instagram.com/p/CHLrBhiHikQ/">seis comisiones</a> en Diputados, como una maniobra para demorar el proceso. Sin embargo, finalmente se redujo a tres: Legislación general, Salud y Defensa del consumidor. La primera reunión informativa será este viernes 13 y se espera poder lograr un dictamen antes de que finalice el año legislativo.

Torres y tierras

Este domingo 1 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Ecología, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de mantener una relación armónica con el ambiente. En ese marco, cientos de personas se movilizaron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una caravana de bicicletas y autos para rechazar la venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. El objetivo fue alertar sobre la reducción de espacios verdes que podría implicar esta medida, ya que el proyecto de ley presentado permite la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura. También buscaron convocar a la ciudadanía a participar de la audiencia pública que se realizará el 27 de noviembre.&nbsp;&nbsp;



La crónica de esta venta anunciada comenzó el pasado 5 de diciembre de 2019, cuando la Legislatura porteña aprobó la <a href="http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6289.html">Ley 6.289</a> ―impulsada por el oficialismo local―&nbsp; que autorizó al Ejecutivo a vender esos terrenos y a convocar un concurso público para definir el desarrollo urbanístico a realizarse. En julio se dio a conocer <a href="https://arqa.com/arquitectura/1er-lugar-concurso-costa-salguero-araucaria.html">el proyecto ganador</a> y el 8 de octubre se aprobó en primera lectura <a href="https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=117495&amp;iframe=true&amp;width=99%25&amp;height=100">el proyecto de ley</a> que habilita la rezonificación de los predios. Como implica una modificación al Código Urbanístico, aún debe pasar por una segunda lectura y una audiencia pública de por medio. A su vez, el 23 de octubre se dictó una medida cautelar para <a href="https://www.telam.com.ar/notas/202010/528045-la-justicia-portena-suspendio-la-venta-de-costa-salguero-a-traves-de-una-medida-cautelar.html">suspender la venta</a>.



En el proyecto de ley, que obtuvo 37 votos afirmativos y 23 negativos, se sostiene que la normativa “se enmarca en un plan de revitalización de la relación histórica de Buenos Aires con el Río y permitirá consolidar urbanísticamente ambos predios, integrar el área de intervención con el río y consolidar los espacios verdes costeros de disfrute público”.



¿Cuáles son las discusiones de fondo en torno a esta iniciativa?



<h2>“Parques sí, torres no”</h2>



Los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco son de dominio público pero están concesionados hasta el 30 de abril de 2021. Abarcan 32 hectáreas y 2.535 metros lineales de extensión sobre el Río de la Plata. Según el proyecto votado el 8 de octubre, los terrenos de Punta Carrasco (que figuran como “Sector 4”) podrán ser destinados a uso recreativo, cultural y de esparcimiento. Se autoriza la ocupación del suelo en un 35%, mientras que el 65% restante “será destinado a espacio público parquizado” (como contempla el Código Urbanístico).



En tanto, en el predio de Costa Salguero (“Sector 5”), el 26% de la superficie está habilitado para uso recreativo, cultural, residencial, comercial y de servicios (con una altura máxima permitida de 29 metros) y el 74% restante “será destinado a espacio público preferentemente parquizado”. El plano de este sector figura en el Anexo III del proyecto de ley, mientras que en <a href="https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943442/ganadores-del-concurso-buenos-aires-y-el-rio-parque-salguero">este render</a> puede verse el proyecto ganador del concurso público propuesto para ambos predios.



Para Felipe González, especialista en urbanismo informático, la discusión no pasa tanto por la privatización del río o la falta de espacio público, sino por la diferencia de miradas acerca de qué usos del suelo se le puede dar a ese espacio. “El gobierno de la ciudad no tiene problemas en que eso lo decida el mercado y eso no da los mejores resultados”, señala. Para el especialista, el resultado sería distinto si se planteara “hacer unidades de vivienda para crédito hipotecario Procrear, sumar jardines de infantes o asegurarse de que los espacios comerciales no queden solo en manos de grandes cadenas”.



Melina Ons, investigadora del CONICET especialista en planificación y gestión de políticas sociales, aporta algunos datos de contexto. En los últimos 12 años (los dos primeros gobiernos de Macri y el primero de Larreta), la Ciudad privatizó 473 hectáreas de espacio público. Por otro lado, sólo el 28% de los departamentos de Puerto Madero están ocupados y el resto funcionan como reserva de valor. “Lo que hace el Estado al generar este tipo de normativa es aumentar los precios del suelo porque el valor de un terreno cambia según si pueden construirse edificios de 10 metros o de 30. Se están priorizando los usos rentables del suelo por sobre la función social de la propiedad y la posibilidad de generar accesibilidad para grandes sectores de la población que están siendo cada vez más expulsados de la Ciudad”, explica.



Además, la investigadora advierte que en muchos desarrollos inmobiliarios donde la Ciudad privatiza, el 65% que debería usarse como espacio verde “termina siendo el parque de la torre” y no un espacio público. También considera que otro punto importante de la discusión es quién se apropia de las rentas del suelo. “En otras ciudades del mundo, lo que suele pasar cuando hay privatización de tierra pública es que se exige una parte para destinar a viviendas sociales. Entonces la Ciudad podría exigirle al privado una compensación proporcional y usarla para resolver las necesidades de la ciudad, como la enorme crisis habitacional que tiene o el problema de los espacios verdes”, indica.



En relación a los espacios verdes, desde Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones que convocó a la caravana del domingo bajo la consigna “Parques sí, torres no”, remarcan <a href="https://www.infobae.com/opinion/2020/11/03/nos-dicen-que-somos-el-futuro-pero-venden-nuestro-presente/?utm_medium=Echobox&amp;utm_source=Twitter#Echobox=1604400145">el rol ecosistémico</a> que éstos tienen en las ciudades, al reducir el impacto de las olas de calor, disminuir la cantidad de dióxido de carbono en el aire y prevenir inundaciones. Y rematan: “La crisis climática es una realidad. Si tenés alguna duda recordá que estás hace siete meses en tu casa por una pandemia provocada por un virus zoonótico, consecuencia de la industrialización animal y la destrucción de nuestros ecosistemas. O si no, que en lo que va del año hemos perdido casi 1 millón de hectáreas a causa de los incendios”.



<h2>Ciudad para qué y para quién</h2>



La discusión tiene diversas aristas y está lejos de agotarse, pero los especialistas esbozan algunos cimientos para seguir construyendo la Ciudad que queremos. “Lo que podemos pensar es qué nos gustaría hacer ahí. Si el espacio se destina sólo a parques, el problema es que no se crea espacio urbano y después de las 19 no va a quedar nadie. En cambio, si también hay algunos espacios recreativos como bares, restaurantes y espacios culturales, la gente va a poder usarlos en diferentes momentos del día. Hay que producir suelo urbano. Obviamente que sea sustentable, no torres de cemento. Tampoco es lo mismo que haya un barcito de Starbucks a que sea de una pyme o de una cooperativa”, dice González.



“Se podría hacer un parque público con sectores destinados a desarrollos urbanísticos que generen recursos pero el tema es que quienes pueden acceder a esos terrenos de alto valor son las empresas de grandes capitales, que son las que terminan ganando las subastas y presionando al gobierno para que se hagan zonificaciones”, reflexiona Ons. “No es cuestión de pensar en lo público y lo privado como una dicotomía. Pero, ¿por qué pensar que la única opción es una privatización destinada a hacer torres donde la mayor parte de los porteños no va a poder acceder? ¿Para quién producimos ciudad?”. La audiencia pública del próximo 27 de noviembre, a la que pueden <a href="https://www.legislatura.gov.ar/audiencia/119">inscribirse acá</a>, es una buena oportunidad para dar ese debate.

Cultivar salud

Este viernes 23, se volvió a hablar de cannabis en el Congreso Nacional. La diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para la regulación integral de cannabis medicinal, que busca garantizar el acceso al cultivo e impulsar la producción nacional. El texto es fruto del debate y el trabajo colectivo que vienen promoviendo desde hace años organizaciones como Mamá Cultiva, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.



El objetivo del nuevo proyecto es brindar una propuesta superadora de la <a href="http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273801/norma.htm">Ley 27.350</a>, sancionada en 2017, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados pero que tiene varias limitaciones, tanto en su elaboración como en su reglamentación. La discusión que dio origen a aquella normativa también había sido impulsada por organizaciones de la sociedad civil, a las que luego se sumaron legisladores, médicos, farmacéuticos y científicos. Sin embargo, la ley, por cómo quedó redactada, terminó circunscribiéndose a la investigación médica y científica pero no facilitó el acceso a las y los usuarios medicinales.&nbsp;



“Los protagonistas deberían haber sido los pacientes pero terminamos siendo los profesionales. Y la reglamentación que salió fue peor todavía”, señala el médico cordobés Federico Racca Palacios, experto en <a href="https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2019/05/Uso-Medicinal-de-los-Cannabinoides-Federico-Racca-palacios..pdf">uso medicinal del cannabis</a> y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.



<h2>En busca del espíritu de la ley</h2>



Esa reglamentación, plasmada en el <a href="http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/279831/norma.htm">decreto 738/17</a>, creó un programa nacional para impulsar la investigación pero no les facilitó a los científicos el acceso ni la importación de semillas, plantas y preparados. Es por eso que, en 2019, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET decidieron procurarse sus propias semillas: a partir del conocimiento provisto por cultivadores de la región, obtuvieron el <a href="https://www.unsam.edu.ar/tss/primer-cultivo-cientifico-de-cannabis-medicinal/">primer cultivo científico de cannabis del país</a>. El desarrollo fue denominado “Cepas Argentinas Terapéuticas” y tenía el objetivo de formar un cepario nacional donde investigadores de otras partes del país pudieran sumar sus propias semillas y facilitar la investigación en la materia mientras se intentaba volver a dar la discusión.



El cambio de gobierno, en diciembre de 2019, trajo buenas señales en ese sentido. Días antes de asumir, el ministro de Salud Ginés González García, <a href="https://cl.radiocut.fm/audiocut/gines-gonzalez-garcia-sobre-cannabis-medicinal/?replay=1">adelantó que iba a atender el reclamo</a> de las organizaciones y afirmó: “La reglamentación es muy mala. Limitó los alcances y el espíritu de la ley”. Pandemia de por medio, la promesa se concretó en julio, cuando González García presentó ante el Consejo Consultivo Honorario el borrador de la nueva reglamentación. “Con esta propuesta, se abren dos grandes puertas: la del autocultivo y la que impulsa la producción pública y el desarrollo industrial”, destaca Racca Palacios. Además, la nueva reglamentación facilita el acceso a través de una prescripción médica, habilita su venta en farmacias y amplía el uso a otras patologías, antes limitadas a epilepsia refractaria. Se trata de un avance importante aunque, meses después de su anuncio, aún se espera su publicación en el Boletín Oficial.



<h2>Otra vuelta de tuerca</h2>



Pero entonces, ¿por qué era necesario un nuevo proyecto de ley? Bueno, hay algunos aspectos a los que podría darse una vuelta de tuerca más. Una de esas cuestiones es señalada por la diputada Gaillard en los fundamentos: “La intención que a todas luces tiene el proyecto es sacar de la esfera de la criminalización lo que se define como el ejercicio del derecho a la salud”. Para eso, la iniciativa reconoce explícitamente las prácticas de autocultivo, cultivo solidario y clubes cannábicos, e incluso brinda definiciones concretas de esos y otros términos, tratando de dejar los menores vacíos legales posibles. Pero además, establece que la falta de licencia para el autocultivo no necesariamente implicará una presunción de uso ilícito, siempre que haya otros indicios que permitan deducir que se trata de un uso medicinal. De esta manera, se opone al <a href="https://beta.elgatoylacaja.com/sobredrogas/critica-al-paradigma-prohibicionista">paradigma prohibicionista</a>, que todavía tiene mucho peso en el país (por ejemplo, en la vigencia de la <a href="http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm">ley 23.737 de estupefacientes</a>, sancionada en 1989).



Otra mejora importante es que facilita la investigación científica en cannabis medicinal al proponerla como política de Estado, a través de programas de estímulo coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET, y las universidades nacionales. Asimismo, impulsa la producción nacional de productos y derivados de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, priorizando la provisión a través de los laboratorios de producción pública nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), y de aquellos dependientes de universidades públicas y organismos de ciencia y tecnología.



Además, crea el Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) como autoridad de aplicación de la ley, con delegaciones en cada provincia para garantizar el cumplimiento de manera federal. Esta entidad dependerá del Ministerio de Producción de la Nación y tendrá autarquía económica y financiera. Se encargará de expedir las licencias para todo el proceso productivo: cultivo, producción, comercialización, importación y exportación. Según expresa el proyecto, “el objeto de estas licencias está orientado a proveer seguridad a los usuarios y cultivadores solidarios, tanto en la no criminalización de sus conductas como en el acceso a una sustancia de calidad y a la información adecuada”. También señala que se favorecerá el desarrollo de emprendimientos regionales, de la economía popular y con enfoque de género.&nbsp;



Finalmente, otro aspecto interesante es que propone la creación de un Banco de Semillas, coordinado con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), para garantizar un precio justo y razonable.



Desde el oficialismo esperan <a href="https://www.pagina12.com.ar/301340-impulsan-nueva-regulacion-para-el-cannabis-medicial">avanzar en las próximas semanas</a> con el debate en comisiones, para tratar de firmar el dictamen antes de que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso. Pero incluso aunque el proyecto no llegue a salir este año, la semilla ya está plantada.



El proyecto de ley, completo, <a href="https://drive.google.com/file/d/1TqqeVDlOpXky2h-v4P29RMtzlH3iYnyi/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1TqqeVDlOpXky2h-v4P29RMtzlH3iYnyi/view?usp=sharing">acá</a>