Este lunes, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que promulgará la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada la semana pasada en la Cámara de Senadores. La normativa busca aumentar de forma progresiva y sostenida el presupuesto nacional destinado a la Función Ciencia y Técnica hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2032.

La iniciativa unifica dos propuestas, presentadas por la diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos) y el diputado José Luis Riccardo (UCR/Juntos por el Cambio), y es el fruto de un proceso de debates que se viene dando desde hace varios años. Otros proyectos similares habían llegado a discutirse en el Congreso pero ninguno obtuvo el apoyo suficiente para convertirse en ley, como el del entonces senador nacional y actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que había logrado media sanción en 2017 pero luego perdió estado parlamentario.

Quizás la pandemia logró visibilizar más la importancia de invertir en ciencia y tecnología porque, esta vez, la discusión fue bastante menos reñida. El 11 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 189 votos afirmativos, ninguno en contra y dos abstenciones, mientras que el Senado le otorgó su media sanción por unanimidad.

La propuesta de la ley es cuadruplicar el financiamiento de la Función Ciencia y Técnica del presupuesto, que actualmente es del 0,25% del PBI (equivalente a unos 1100 millones de dólares). “El 1% al que refiere la ley representa sólo una parte de la inversión pública en ciencia. A eso hay que sumarle la inversión pública proveniente de otras partidas, como las de las provincias y universidades. Además, uno de los objetivos de la ley es fomentar la inversión privada, por lo que se espera que la inversión total en ciencia sea aún mayor”, explica Noelia Burgardt, investigadora del CONICET en la Universidad de Buenos Aires e integrante de la Agrupación Rolando García, un espacio desde el que se promueven debates sobre política científica y desarrollo tecnológico.

La Función Ciencia y Técnica aglutina a 17 organismos e instituciones del sector, entre ellos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa.

Burgardt destaca que establecer por ley un aumento progresivo y sostenido “permite previsibilidad para encarar proyectos a largo plazo sabiendo que habrá fondos para llevarlos a cabo. Además, dos aspectos muy valiosos que plantea la ley son la federalización de recursos y la perspectiva de género”. Con respecto al primer punto, la ley estipula que al menos el 20% del incremento anual deberá destinarse a los sistemas científicos provinciales, con énfasis en las regiones de menor desarrollo. Por otra parte, plantea propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico.

La Función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional tuvo su presupuesto más alto entre 2013 y 2015, con un porcentaje del 0,35% del PBI. En tanto, si se tiene en cuenta también la inversión privada, el monto más alto se dio en 2012, cuando alcanzó el 0,63%. Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri, esa cifra se redujo y en 2019, con una inversión del 0,23% del PBI, se convirtió en la más baja desde 2006. Ante la falta de fondos, muchos científicos decidieron poner plata de sus bolsillos para poder seguir investigando.

El recorte presupuestario también se reflejó en la pérdida del poder adquisitivo de las becas y salarios de las y los investigadores del CONICET. Según un informe elaborado por Mariano Barrera, investigador del CONICET en FLACSO, desde noviembre de 2015 a diciembre de 2019 la caída salarial fue del 41%, y para agosto del 2020 el poder adquisitivo del salario era equivalente al peor momento de la crisis en 2002. El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández otorgó una actualización a las becas doctorales y posdoctorales del CONICET que superó el 50%. Sin embargo, el congelamiento de las paritarias del sector público hasta finalizada la pandemia implicó que para investigadores, personal de apoyo y administrativos del organismo no hubiera aumentos durante 2020.

Este escenario hizo que hoy un becario doctoral ($45.430) gane casi lo mismo que un investigador asistente del CONICET ($49.000), mientras que un becario posdoctoral ($54.833) directamente lo supera. Frente a este panorama, las y los trabajadores del CONICET continúan reclamando una recomposición e incluso el propio directorio emitió un comunicado solicitando revertir el deterioro salarial e impulsar un convenio colectivo de trabajo específico para el sector.

Para Burgardt, la sanción de la ley es un paso muy importante hacia el desarrollo económico soberano pero señala que, para que eso se concrete, es necesario aplicar medidas políticas que direccionen las nuevas inversiones hacia misiones o vectores de desarrollo, así como también mejorar la articulación del sector con la estructura productiva.“La inversión es necesaria pero no suficiente. Lo ideal sería tener un plan de desarrollo general para el país, que apunte a un crecimiento económico con distribución de la riqueza y que la ciencia y la tecnología sean herramientas para aportar a ese desarrollo. También es importante que se defina el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, en el que se está trabajando actualmente, y que los trabajadores de ciencia y técnica estemos involucrados en la discusión y formulación de proyectos. Además, debemos exigir que la ley se aplique efectivamente y que se cumplan los objetivos planteados”, finalizó la investigadora.