Este martes se celebró un nuevo aniversario del 420, también conocido como Día Mundial de la Marihuana, una fecha en la que se busca visibilizar el reclamo por la legalización de este cultivo. Si bien en Argentina todavía no es legal, en noviembre del año pasado hubo un avance con la aprobación de la <a href="https://es.scribd.com/document/483980362/Reglamentacion-de-la-Ley-N%C2%BA-27-350#from_embed">nueva reglamentación</a> para la <a href="http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273801/norma.htm">Ley 27.350</a>, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Tanto esa ley, sancionada en 2017, como su primera reglamentación, tenían algunas limitaciones que dificultaban el acceso a las y los usuarios medicinales.



Por eso, la nueva reglamentación busca enmendar algunas de esas cuestiones. Entre las novedades, autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales y quienes deseen hacerlo ya se pueden inscribir en el Registro del Programa de Cannabis (<a href="https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-creo-el-registro-del-programa-de-cannabis-para-el-cultivo-controlado">REPROCANN</a>), creado en marzo por el Ministerio de Salud de la Nación (MINSAL). Además, amplía su utilización más allá de la epilepsia refractaria, fomenta la investigación científica y la producción pública, y establece que obras sociales y prepagas deben garantizar el acceso. Sin embargo, desde las organizaciones sociales y el ámbito científico se sigue trabajando en una nueva ley que mejore otros aspectos que siguen dificultando el acceso, la investigación, la producción y la comercialización del cannabis.



<h2>Un cultivo popular</h2>



Como contamos en esta <a href="https://elgatoylacaja.com/cultivar-salud">noticia</a>, la nueva reglamentación fue fruto del trabajo colectivo que vienen realizando desde hace años organizaciones como Mamá Cultiva, la Red Argentina de Cannabis Medicinal (RACME) del CONICET y la Cámara Argentina de Cannabis. A su vez, este logro es un ejemplo de que los resultados siempre serán más satisfactorios si se superan tensiones y se consigue una verdadera articulación entre el conocimiento generado en el ámbito académico y el proveniente de los saberes populares. “Me da mucha felicidad que haya un vínculo cada vez más fluido, con un respeto importante hacia el trabajo de las organizaciones que tienen más experiencia en el cultivo que mucha gente que viene de la academia, ya que esto es algo muy ligado a la historia del cannabis”, dice la neurocientífica Silvia Kochen, investigadora del CONICET y coordinadora de la RACME.



La red comenzó a formarse cuando se sancionó la ley, en 2017, pero recién pudieron constituirse formalmente luego del cambio de gobierno y de la asunción de las nuevas autoridades del CONICET en 2019. Uno de sus integrantes, Marcelo Morante, es el actual coordinador del Programa Nacional de investigación del uso Medicinal del Cannabis del MINSAL. Para poder avanzar en diversos aspectos vinculados a la investigación de este cultivo, los integrantes de la RACME se dividen en seis comisiones: investigación básica, investigación clínica, control de calidad, producción de cannabis medicinal, aspectos sociales y aspectos legales.



Debido a las limitaciones de la ley, las y los investigadores se enfrentan a diversas barreras para acceder a las semillas, plantas y preparados derivados del cannabis. Una de las cosas que más demora el avance de las investigaciones es la dificultad para obtener los permisos necesarios. De todos modos, las líneas se van ampliando y contemplan un amplio espectro que comprende las propiedades terapéuticas y medicinales del aceite, la genética de la planta y hasta el desarrollo del <a href="https://www.unsam.edu.ar/tss/primer-cultivo-cientifico-de-cannabis-medicinal/">primer cultivo científico de cannabis</a>, logrado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. El equipo dirigido por Darío Andrínolo obtuvo las primeras tres Cepas Argentinas Terapéuticas y sentaron las bases para comenzar el armado de un cepario nacional que facilite el acceso al cultivo.



<h2>Industria nacional del cannabis</h2>



Con respecto a la producción pública de cannabis y sus derivados, la nueva reglamentación señala que el Estado nacional brindará colaboración técnica para impulsar su producción y su eventual industrialización para uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Si bien este es un aspecto en el que todavía falta avanzar bastante, se están produciendo algunos convenios, como el <a href="https://www.telam.com.ar/notas/202101/542918-cannabis-medicinal-acuerdo-produccion.html">acuerdo</a> público-privado entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la compañía Pampa Hemp; y el <a href="https://enys.conicet.gov.ar/el-municipio-tigre-y-el-conicet-acordaron-la-creacion-de-un-laboratorio-de-investigacion-y-produccion-de-cannabis-medicinal/">proyecto</a> entre CONICET y la municipalidad de Tigre para crear una planta piloto de cultivo y producción.



“La producción pública de cannabis también es una forma de bajar el costo y hacerlo más accesible. Con los avances en materia legal, se está abriendo más el juego, de hecho el presidente Alberto Fernández anunció un proyecto para impulsar la producción cuando inauguró las sesiones en el Congreso”, indica Kochen. A su vez, señala que se está trabajando entre diversos ministerios, instituciones y ONGs para no repetir errores de la experiencia uruguaya. “Hace siete años que ese país tiene una ley pero tuvieron tantas trabas desde la reglamentación que lo que se consigue en farmacias tiene precios siderales y la gente sigue utilizando el mercado de los clubes. Por eso, estamos trabajando con la ANMAT para que eso no suceda”, explica.



<h2>Hacia una nueva ley</h2>



Más allá de los avances logrados con la nueva reglamentación, organizaciones sociales, legisladores (el proyecto es impulsado principalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos) y profesionales de la ciencia y la salud continúan trabajando en una nueva ley que sea superadora a la 27.350. “El objetivo es ver si de una vez por todas se puede saldar esta mala ley que tenemos y no tener que seguir haciendo emparches que son difíciles de implementar”, afirma Kochen. “La legislación deja en un gris casi negro todo lo que hace a la comercialización del producto y esto es crucial porque ¿quién va a invertir en algo que después no va a poder vender?” De todos modos, la investigadora considera que los avances de los últimos años tanto en material legal como de investigación están teniendo sus frutos. Por un lado, tirar abajo las barreras al acceso motiva más a los investigadores a iniciar proyectos sobre cannabis y sus derivados. Por otro lado, no se trata de una lucha de un solo país sino que se da a nivel global y viene de larga data, por lo que cada logro es un paso más hacia la <a href="https://elgatoylacaja.com/legalizacion">legalización</a>. “Si bien Naciones Unidas siguió la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para reconocer los efectos terapéuticos del CBD (cannabidiol), sigue estando dentro de la lista de los barbitúricos, como droga de uso controlado. Pero aunque sigue habiendo un paradigma prohibicionista, creo que eso se va superando de a poco a partir de la experiencia de la sociedad, que aprovecha cada vez más las propiedades del cultivo con buenos resultados. Desde ese lado, el paradigma va perdiendo peso”, finaliza Kochen.

Periodista. Escribo sobre ciencia, género y América Latina. Caí en la pública en el 2007 y no me fui más. También bailo ritmos cubanos, subo montañas y le hincho los ovarios a mi gatita Rumba.

Nadia Luna

Azul Damadian

Cannabis industria nacional

Estamos en el aire

Este lunes, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que promulgará la <a href="http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2021/02/03-OD-333-3416-y-3598-D-20.pdf">Ley</a> de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada la semana pasada en la Cámara de Senadores. La normativa busca aumentar de forma progresiva y sostenida el presupuesto nacional destinado a la Función Ciencia y Técnica hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2032.



La iniciativa unifica dos propuestas, presentadas por la diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos) y el diputado José Luis Riccardo (UCR/Juntos por el Cambio), y es el fruto de un proceso de debates que se viene dando desde hace varios años. Otros proyectos similares habían llegado a discutirse en el Congreso pero ninguno obtuvo el apoyo suficiente para convertirse en ley, como el del entonces senador nacional y actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que había logrado media sanción en 2017 pero luego perdió estado parlamentario.



Quizás la pandemia logró visibilizar más la importancia de invertir en ciencia y tecnología porque, esta vez, la discusión fue bastante menos reñida. El 11 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 189 votos afirmativos, ninguno en contra y dos abstenciones, mientras que el Senado le otorgó su media sanción por unanimidad.



<h2>Ciencia federal</h2>



La propuesta de la ley es cuadruplicar el financiamiento de la Función Ciencia y Técnica del presupuesto, que actualmente es del 0,25% del PBI (equivalente a unos 1100 millones de dólares). “El 1% al que refiere la ley representa sólo una parte de la inversión pública en ciencia. A eso hay que sumarle la inversión pública proveniente de otras partidas, como las de las provincias y universidades. Además, uno de los objetivos de la ley es fomentar la inversión privada, por lo que se espera que la inversión total en ciencia sea aún mayor”, explica Noelia Burgardt, investigadora del CONICET en la Universidad de Buenos Aires e integrante de la Agrupación Rolando García, un espacio desde el que se promueven debates sobre política científica y desarrollo tecnológico.



La Función Ciencia y Técnica aglutina a 17 organismos e instituciones del sector, entre ellos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa.



Burgardt destaca que establecer por ley un aumento progresivo y sostenido “permite previsibilidad para encarar proyectos a largo plazo sabiendo que habrá fondos para llevarlos a cabo. Además, dos aspectos muy valiosos que plantea la ley son la federalización de recursos y la perspectiva de género”. Con respecto al primer punto, la ley estipula que al menos el 20% del incremento anual deberá destinarse a los sistemas científicos provinciales, con énfasis en las regiones de menor desarrollo. Por otra parte, plantea propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico.



<h2>De dónde venimos</h2>



La Función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional tuvo su presupuesto más alto entre 2013 y 2015, con un porcentaje del<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5LtIcXg2fU2bBcDzOKo39N2pHiuosfxUPjef9L4jdk/edit#gid=0"> 0,35% del PBI</a>. En tanto, si se tiene en cuenta también la inversión privada, el monto más alto se dio en 2012, cuando alcanzó<a href="https://www.unsam.edu.ar/tss/una-ley-para-financiar-la-ciencia/"> el 0,63%.</a> Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri, esa cifra se redujo y en 2019, con una<a href="https://chequeado.com/hilando-fino/cuanto-invierte-la-argentina-en-ciencia-y-que-dice-el-proyecto-aprobado-por-diputados/"> inversión del 0,23% del PBI</a>, se convirtió en la más baja desde 2006. Ante la falta de fondos, muchos científicos decidieron<a href="https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/sin-plata-ciencia-estamos-poniendo-plata-nuestro-nid2287594/"> poner plata de sus bolsillos</a> para poder seguir investigando.



El recorte presupuestario también se reflejó en la pérdida del poder adquisitivo de las becas y salarios de las y los investigadores del CONICET. Según un<a href="https://drive.google.com/file/d/1i0QW6V4E3afGudPqqPkMFzbFtzy9kSgP/view"> informe</a> elaborado por Mariano Barrera, investigador del CONICET en FLACSO, desde noviembre de 2015 a diciembre de 2019 la caída salarial fue del 41%, y para agosto del 2020 el poder adquisitivo del salario era equivalente al peor momento de la crisis en 2002. El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández otorgó una actualización a las becas doctorales y posdoctorales del CONICET que superó el 50%. Sin embargo, el congelamiento de las paritarias del sector público hasta finalizada la pandemia implicó que para investigadores, personal de apoyo y administrativos del organismo no hubiera aumentos durante 2020.



Este escenario hizo que hoy un becario doctoral ($45.430) gane casi lo mismo que un investigador asistente del CONICET ($49.000), mientras que un becario posdoctoral ($54.833) directamente lo supera. Frente a este panorama, las y los trabajadores del CONICET continúan reclamando una recomposición e incluso el propio directorio emitió un<a href="https://www.conicet.gov.ar/declaracion-del-directorio-del-conicet/"> comunicado</a> solicitando revertir el deterioro salarial e impulsar un convenio colectivo de trabajo específico para el sector.



<h2>Hacia dónde vamos</h2>



Para Burgardt, la sanción de la ley es un paso muy importante hacia el desarrollo económico soberano pero señala que, para que eso se concrete, es necesario aplicar medidas políticas que direccionen las nuevas inversiones hacia misiones o vectores de desarrollo, así como también mejorar la articulación del sector con la estructura productiva.“La inversión es necesaria pero no suficiente. Lo ideal sería tener un plan de desarrollo general para el país, que apunte a un crecimiento económico con distribución de la riqueza y que la ciencia y la tecnología sean herramientas para aportar a ese desarrollo. También es importante que se defina el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, en el que se está trabajando actualmente, y que los trabajadores de ciencia y técnica estemos involucrados en la discusión y formulación de proyectos. Además, debemos exigir que la ley se aplique efectivamente y que se cumplan los objetivos planteados”, finalizó la investigadora.

Belén Kakefuku

Tu vacuna, mi vacuna

A Marte, toda la vida

Con fuerza de ley

Son semanas decisivas para la legalización del aborto en la Argentina. Este martes, comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados el <a href="https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://pagina12-pdfs.s3.amazonaws.com/ipad/@@@pdfs/Ley%2520-%2520Regulaci%25C3%25B3n%2520del%2520Acceso%2520a%2520la%2520interrupci%25C3%25B3n%2520voluntaria%2520del%2520embarazo%2520%25281%2529.pdf">proyecto</a> de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 17 de noviembre y se enmarca en una demanda histórica impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en 2018 estuvo a media sanción de convertirse en ley.



La semana comenzó con el debate del otro proyecto presentado por el oficialismo: el <a href="https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://pagina12-pdfs.s3.amazonaws.com/ipad/@@@pdfs/proyecto%2520de%2520ley%2520%25281000%2520d%25C3%25ADas%2529.pdf">“Plan de los mil días”</a>, que busca reforzar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, como forma de acompañar proteger y apoyar las maternidades deseadas. El programa está basado en un esquema que rige en la provincia de San Juan desde 2016.



El martes, en tanto, comenzó a discutirse el proyecto de IVE en cuatro comisiones: Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Mujeres y Diversidad. Durante dos días, expusieron 50 referentes de diversos campos, 25 a favor y 25 en contra. Se espera que este viernes haya dictamen y una fecha posible para tratarse en el recinto es el próximo 10 de diciembre.



<h2>Objeción de conciencia</h2>



Según el documento presentado, el proyecto de IVE busca “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.



Entre los principales puntos del proyecto, se establece que las personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo, se podrá acceder cuando el embarazo sea resultado de una violación –declaración jurada mediante, excepto en niñas menores de 13 años– y cuando haya riesgo de vida o de salud de la mujer, como estipula el artículo 86 del Código Penal, que data de 1921 pero que un siglo después sigue siendo de difícil cumplimiento.



Otro aspecto relevante es que las obras sociales y prepagas deberán ofrecer una cobertura integral y gratuita de la IVE. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total. En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.



Una arista que ha generado mucha discusión a lo largo de estos años y que ha obstaculizado la realización de la práctica en muchos casos es el de la objeción de conciencia. Al respecto, el proyecto establece que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero que debe derivar a la persona gestante para que sea atendida por otro u otra profesional “en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.



Además, el proyecto señala que el Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.



<h2>Clandestino</h2>



Es muy difícil estimar la cantidad de abortos que se realizan en Argentina por año. Un<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12842/np87095120_es.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y"> estudio</a> realizado en 2005 por las demógrafas Silvia Mario y Edith Pantelides, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación (que al igual que en la actualidad, estaba a cargo de Ginés González García) habla de 370.000 a 520.000. Las investigadoras emplearon dos métodos para arribar a esta cfra: egresos hospitalarios y el método residual. El problema es que el primero sólo brinda estadísticas sobre abortos realizados legalmente o casos de complicaciones en abortos clandestinos que derivan en hospitalizaciones. El último, en cambio, relaciona la cantidad de nacimientos con la fertilidad potencial, a partir de datos como el uso de anticonceptivos y las costumbres sociales (por ejemplo, edad de inicio de relaciones sexuales), entre otros parámetros. Posteriormente, este estudio fue criticado y otras estimaciones (extrapoladas a partir de estudios regionales) colocaron esas cifras en valores un poco más bajos (entre 260.000 y 370.000 casos anuales). Esto demuestra que es muy difícil construir estimaciones certeras partiendo de datos poco sólidos, y que la clandestinidad de la práctica hace aún más difícil conocer el estado real de la situación.



Además de las secuelas emocionales y sociales, las complicaciones físicas de realizar un aborto de forma clandestina incluyen hemorragias, infecciones y otras más severas como el shock séptico o la lesión de órganos internos. Así lo consigna un <a href="http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/64-CIFRAS%20ABORTO-REDAAS-singlepage.pdf">informe</a> de la Red de Acceso al Aborto Seguro, que también indica que en Uruguay, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por aborto clandestino descendió de 37% a 8%. Entre los motivos por los cuales las personas gestantes llegan a la decisión de abortar, señalan la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a la información adecuada para usarlos, las altas tasas de violencia contra la mujer que a veces llevan a embarazos forzados, y el hecho de vivir en condiciones sociales precarias.



<h2>Nuestras respetables subjetividades</h2>



La legalización del aborto en la Argentina es <a href="http://www.abortolegal.com.ar/about/">“una deuda de la democracia”</a>, tal como suele remarcar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, una amplia y diversa red federal que articula buena parte de las luchas. La Campaña nació en 2005 y dos años después presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por primera vez. Sin embargo, varias de sus impulsoras militaban la causa desde mucho antes.



Una de las pioneras fue Dora Codelesky, que en 1987 creó la Comisión por el Derecho al Aborto. Pocos años después, sus integrantes solían pararse en la vereda de la confitería El Molino, frente al Congreso Nacional, para hablar sobre aborto y repartir volantes dos veces al mes, donde recibían insultos pero también tímidas consultas de quienes pasaban por allí. Otras <a href="http://revistaanfibia.com/cronica/pioneras-del-aborto-legal/">‘históricas’</a> de la lucha son Marta Alanis, Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo, Alicia Cacopardo y Elsa Schvartzman.



Hoy sus voces se multiplican en cientos de miles de personas de todas las edades, como quedó demostrado en 2018 durante el debate en el Congreso Nacional, cuando las calles se llenaron de cantos feministas y pañuelos verdes. “En 2018 no se perdió, se despertó a la juventud porque el derecho a la IVE es autonomía, es libertad y es igualdad”, dijo Nelly este martes, como una de las expositoras de la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VB2bE_gE6bM&amp;feature=emb_title">primera jornada</a> del debate en Diputados. “Invito a todos, a mí también, a despojarnos de nuestras subjetividades, muy respetables, pero pensar que estamos legislando para millones. Aquellos que no comparten nuestras ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si se niega el derecho al aborto y a la educación sexual integral, se obliga a muchos seres humanos a cambiar su proyecto de vida y a entrar en el campo del delito. Esa es la gran diferencia”, explicó.



Si el proyecto obtiene media sanción en Diputados, pasa a debatirse en el Senado. El objetivo es que siga un cronograma similar y que, antes de que termine el año, finalmente sea ley.

El lado oscuro del sol

Vacunas: la recta final

Legislar para millones

Este lunes 16 se realizó un tuitazo con el hashtag #ArgentinaNoDescarta, reclamando que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emita dictamen al <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-Yi5o0ZDVUfSce1qr3kJPUaW2MwE8tKl">proyecto de ley</a> para la reducción progresiva de plásticos de un solo uso. También circula <a href="https://www.change.org/p/legislaci%C3%B3n-para-eliminar-progresivamente-los-descartables-pl%C3%A1sticos-en-argentina-argentinanodescarta?signed=true">una petición</a> que lleva reunidas más de 53 mil firmas. El objetivo es que la iniciativa, que ya fue aprobada por la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente el pasado 6 de noviembre, pueda tratarse en el recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias.



El proyecto busca “establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la regulación, reducción, sustitución y prohibición de manera progresiva de productos plásticos de un sólo uso, a fin de prevenir y reducir el impacto en el ambiente y fomentar la transición a una economía circular”. El texto es el resultado de la unificación de propuestas presentadas por legisladores de diversos partidos políticos, entre ellos, el diputado <a href="https://dequesetrata.com.ar/proyecto/camara-de-diputados/3718-D-2019-27842">Leonardo Grosso</a> (Frente de Todos) y la <a href="https://www.parlamentario.com/2019/08/23/presentan-el-proyecto-de-ley-para-la-prohibicion-de-plasticos-de-un-solo-uso/">diputada Brenda Austin</a> (UCR).



&#8220;En Argentina se desechan 12 millones de botellas plásticas por día, así que ahí ya tenemos un problema grande sólo con botellas. Otra cuestión a tener en cuenta es que los plásticos tardan alrededor de 450 años en descomponerse. Ese proceso se realiza por vía física, como puede ser la acción de las mareas, o química, a través de rayos UV. Esto genera microplásticos que se filtran por todos lados y llegan, por ejemplo, al organismo de crustáceos y al agua potable, por lo que eventualmente lo terminamos consumiendo&#8221;, señala Alejandro Mafut, estudiante de Ciencias Biológicas e <a href="https://elgatoylacaja.com/un-mundo-de-plastico/">investigador en la temática</a>.



El consumo de microplásticos fue uno de los aspectos que se remarcó bastante en el tuitazo porque, mientras que es fácil visualizar los residuos plásticos arrojados en la vía pública, no sucede lo mismo con esas diminutas partículas que se alojan en nuestro organismo sin que nos demos cuenta. Según <a href="https://www.vidasilvestre.org.ar/?19380/Las-personas-consumimos-una-tarjeta-de-credito-por-semana-a-traves-de-micro-plasticos-asegura-nuevo-informe">estudios recientes</a>, se estima que ingerimos 5 gramos de plástico por semana, lo que equivale a una tarjeta de crédito o a un vaso desechable.



Por otra parte, una investigación publicada en <a href="https://www.researchgate.net/publication/318567844_Production_use_and_fate_of_all_plastics_ever_made">Science Advances</a> relevó que, desde que el plástico comenzó producirse a escala industrial en 1950 hasta 2015, se generaron aproximadamente 8.300 millones de toneladas de plástico, de las cuales 6.300 millones de toneladas ya son residuos. A su vez, el estudio abordó el destino final de esos desechos: el 79% se había acumulado en vertederos o en el ambiente, el 12% se había incinerado y sólo el 9% se había reciclado. Finalmente, estimaron que si continúan las tendencias actuales de producción y gestión de residuos, para 2050 la cantidad de residuos plásticos ascenderá a 12 mil millones de toneladas.



<h2>Plasticidad nacional</h2>



La iniciativa que se debate en las comisiones de la Cámara de Diputados apunta no sólo a reducir progresivamente la utilización de plásticos sino también a promover procesos de sustitución por alternativas reutilizables o biodegradables. En ese sentido, propone como objetivos fomentar la readecuación de los procesos de producción de plásticos de un solo uso y promover la transición de hábitos de consumo en las personas a partir de concientizar sobre el impacto ambiental que generan.



La normativa alcanza a productos plásticos de un solo uso como bolsas no reutilizables, vajillas y utensilios (como bandejas, vasos y palitos de helado), hisopos, envoltorios y productos con destino sanitario (como toallitas húmedas y pañales). A su vez, establece plazos para la reducción progresiva, con un máximo de tres años. También propone implementar acciones para avanzar hacia una desplastificación en las dependencias del Estado.



“Un punto interesante del proyecto es que establece áreas de prioridad, como zonas costeras y cercanas a ríos y lagunas. En esas áreas, la prohibición para el ofrecimiento de productos plásticos de un solo uso deberá realizarse de manera inmediata”, indica Mafut, y remarca: “Es importante lograr esta ley para que la reducción del uso de plásticos no dependa sólo del accionar individual y de las ONGs ambientales, sino que se aplique a nivel nacional”.



Según el texto, la autoridad de aplicación será el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo, y las acciones de monitoreo y sanción serán coordinadas entre Nación, provincias y municipios. También será atribución de dicha autoridad promover la investigación científica para el desarrollo de materiales no contaminantes que permitan reemplazar a los plásticos.



Finalmente, la ley crea el “Régimen para la reconversión productiva de MiPyMEs productoras e importadoras de productos plásticos de un solo uso”, con diversos incentivos como un cupo del 25% de compras y contrataciones por parte del Estado de insumos alternativos para sustituir los plásticos y líneas de crédito para financiar la reconversión.



<h2>Un capítulo abierto y dos buenas noticias</h2>



Si bien la discusión por este proyecto de ley continúa y aún no se sabe si logrará llegar al recinto de la Cámara de Diputados antes de que finalice el año, esta semana se aprobaron dos leyes que implican avances en materia ambiental. Una es la Ley Yolanda (llamada así en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina), que establece que todos los empleados públicos deberán recibir una capacitación con perspectiva socioambiental integral.La otra buena noticia es que obtuvo media sanción la modificación de la <a href="http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207401/norma.htm">Ley de Manejo de Fuego</a>, que prohíbe la modificación del uso de suelo de superficies incendiadas por 60 años en zonas de bosques y áreas protegidas, y por 30 años en matorrales y pastizales, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y financiera. La iniciativa se presentó luego de la gran preocupación que generaron los incendios producidos este año que, según los <a href="https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/18-nov-reporte_incendios_.pdf">reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego</a>, afectaron a unas 900 mil hectáreas en todo el país.

Para comerte mejor

Devolvé la bolsa

Este domingo 1 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Ecología, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de mantener una relación armónica con el ambiente. En ese marco, cientos de personas se movilizaron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una caravana de bicicletas y autos para rechazar la venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. El objetivo fue alertar sobre la reducción de espacios verdes que podría implicar esta medida, ya que el proyecto de ley presentado permite la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura. También buscaron convocar a la ciudadanía a participar de la audiencia pública que se realizará el 27 de noviembre.&nbsp;&nbsp;



La crónica de esta venta anunciada comenzó el pasado 5 de diciembre de 2019, cuando la Legislatura porteña aprobó la <a href="http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6289.html">Ley 6.289</a> ―impulsada por el oficialismo local―&nbsp; que autorizó al Ejecutivo a vender esos terrenos y a convocar un concurso público para definir el desarrollo urbanístico a realizarse. En julio se dio a conocer <a href="https://arqa.com/arquitectura/1er-lugar-concurso-costa-salguero-araucaria.html">el proyecto ganador</a> y el 8 de octubre se aprobó en primera lectura <a href="https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=117495&amp;iframe=true&amp;width=99%25&amp;height=100">el proyecto de ley</a> que habilita la rezonificación de los predios. Como implica una modificación al Código Urbanístico, aún debe pasar por una segunda lectura y una audiencia pública de por medio. A su vez, el 23 de octubre se dictó una medida cautelar para <a href="https://www.telam.com.ar/notas/202010/528045-la-justicia-portena-suspendio-la-venta-de-costa-salguero-a-traves-de-una-medida-cautelar.html">suspender la venta</a>.



En el proyecto de ley, que obtuvo 37 votos afirmativos y 23 negativos, se sostiene que la normativa “se enmarca en un plan de revitalización de la relación histórica de Buenos Aires con el Río y permitirá consolidar urbanísticamente ambos predios, integrar el área de intervención con el río y consolidar los espacios verdes costeros de disfrute público”.



¿Cuáles son las discusiones de fondo en torno a esta iniciativa?



<h2>“Parques sí, torres no”</h2>



Los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco son de dominio público pero están concesionados hasta el 30 de abril de 2021. Abarcan 32 hectáreas y 2.535 metros lineales de extensión sobre el Río de la Plata. Según el proyecto votado el 8 de octubre, los terrenos de Punta Carrasco (que figuran como “Sector 4”) podrán ser destinados a uso recreativo, cultural y de esparcimiento. Se autoriza la ocupación del suelo en un 35%, mientras que el 65% restante “será destinado a espacio público parquizado” (como contempla el Código Urbanístico).



En tanto, en el predio de Costa Salguero (“Sector 5”), el 26% de la superficie está habilitado para uso recreativo, cultural, residencial, comercial y de servicios (con una altura máxima permitida de 29 metros) y el 74% restante “será destinado a espacio público preferentemente parquizado”. El plano de este sector figura en el Anexo III del proyecto de ley, mientras que en <a href="https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943442/ganadores-del-concurso-buenos-aires-y-el-rio-parque-salguero">este render</a> puede verse el proyecto ganador del concurso público propuesto para ambos predios.



Para Felipe González, especialista en urbanismo informático, la discusión no pasa tanto por la privatización del río o la falta de espacio público, sino por la diferencia de miradas acerca de qué usos del suelo se le puede dar a ese espacio. “El gobierno de la ciudad no tiene problemas en que eso lo decida el mercado y eso no da los mejores resultados”, señala. Para el especialista, el resultado sería distinto si se planteara “hacer unidades de vivienda para crédito hipotecario Procrear, sumar jardines de infantes o asegurarse de que los espacios comerciales no queden solo en manos de grandes cadenas”.



Melina Ons, investigadora del CONICET especialista en planificación y gestión de políticas sociales, aporta algunos datos de contexto. En los últimos 12 años (los dos primeros gobiernos de Macri y el primero de Larreta), la Ciudad privatizó 473 hectáreas de espacio público. Por otro lado, sólo el 28% de los departamentos de Puerto Madero están ocupados y el resto funcionan como reserva de valor. “Lo que hace el Estado al generar este tipo de normativa es aumentar los precios del suelo porque el valor de un terreno cambia según si pueden construirse edificios de 10 metros o de 30. Se están priorizando los usos rentables del suelo por sobre la función social de la propiedad y la posibilidad de generar accesibilidad para grandes sectores de la población que están siendo cada vez más expulsados de la Ciudad”, explica.



Además, la investigadora advierte que en muchos desarrollos inmobiliarios donde la Ciudad privatiza, el 65% que debería usarse como espacio verde “termina siendo el parque de la torre” y no un espacio público. También considera que otro punto importante de la discusión es quién se apropia de las rentas del suelo. “En otras ciudades del mundo, lo que suele pasar cuando hay privatización de tierra pública es que se exige una parte para destinar a viviendas sociales. Entonces la Ciudad podría exigirle al privado una compensación proporcional y usarla para resolver las necesidades de la ciudad, como la enorme crisis habitacional que tiene o el problema de los espacios verdes”, indica.



En relación a los espacios verdes, desde Jóvenes por el Clima, una de las organizaciones que convocó a la caravana del domingo bajo la consigna “Parques sí, torres no”, remarcan <a href="https://www.infobae.com/opinion/2020/11/03/nos-dicen-que-somos-el-futuro-pero-venden-nuestro-presente/?utm_medium=Echobox&amp;utm_source=Twitter#Echobox=1604400145">el rol ecosistémico</a> que éstos tienen en las ciudades, al reducir el impacto de las olas de calor, disminuir la cantidad de dióxido de carbono en el aire y prevenir inundaciones. Y rematan: “La crisis climática es una realidad. Si tenés alguna duda recordá que estás hace siete meses en tu casa por una pandemia provocada por un virus zoonótico, consecuencia de la industrialización animal y la destrucción de nuestros ecosistemas. O si no, que en lo que va del año hemos perdido casi 1 millón de hectáreas a causa de los incendios”.



<h2>Ciudad para qué y para quién</h2>



La discusión tiene diversas aristas y está lejos de agotarse, pero los especialistas esbozan algunos cimientos para seguir construyendo la Ciudad que queremos. “Lo que podemos pensar es qué nos gustaría hacer ahí. Si el espacio se destina sólo a parques, el problema es que no se crea espacio urbano y después de las 19 no va a quedar nadie. En cambio, si también hay algunos espacios recreativos como bares, restaurantes y espacios culturales, la gente va a poder usarlos en diferentes momentos del día. Hay que producir suelo urbano. Obviamente que sea sustentable, no torres de cemento. Tampoco es lo mismo que haya un barcito de Starbucks a que sea de una pyme o de una cooperativa”, dice González.



“Se podría hacer un parque público con sectores destinados a desarrollos urbanísticos que generen recursos pero el tema es que quienes pueden acceder a esos terrenos de alto valor son las empresas de grandes capitales, que son las que terminan ganando las subastas y presionando al gobierno para que se hagan zonificaciones”, reflexiona Ons. “No es cuestión de pensar en lo público y lo privado como una dicotomía. Pero, ¿por qué pensar que la única opción es una privatización destinada a hacer torres donde la mayor parte de los porteños no va a poder acceder? ¿Para quién producimos ciudad?”. La audiencia pública del próximo 27 de noviembre, a la que pueden <a href="https://www.legislatura.gov.ar/audiencia/119">inscribirse acá</a>, es una buena oportunidad para dar ese debate.

Cultivar salud

Torres y tierras

En estos días, buena parte de la sociedad está pendiente del tratamiento en el Congreso de la interrupción voluntaria del embarazo. Escuchamos sobre comisiones, expertos y referentes que van a exponer sus conocimientos y a expresar sus perspectivas. Esperamos ansiosos cual último capítulo de nuestra serie favorita el resultado de una votación que, en general, no tenemos muy claro cuándo ni cómo llega. 
 
Es que, cuando nos hablan del Congreso, se nos aparece la imagen de un salón lleno de sillones antiguos y escenas de legisladores que van desde el estrés explosivo hasta el sueño profundo. Sabemos que ahí se decide toda nueva ley. Pero tenemos mucho menos (o nada) claro cómo ocurre .
<div id="attachment_22193" style="width: 970px" class="wp-caption alignnone"><img aria-describedby="caption-attachment-22193" loading="lazy" class="size-full wp-image-22193" src="https://cdn.elgatoylacaja.com/2018/04/image2-2.png" alt="" width="960" height="272" />Un Congreso, todas las emociones.</div>
Puede a veces resultar un poco engorroso pero, después de todo, democracia también es entender cómo funciona la <a href="https://elgatoylacaja.com.ar/democracia-imposible/">democracia</a>. Y eso implica que, como ciudadanos políticos, nos sume un montón comprender los mecanismos y procesos a través de los cuales somos representados. Repasemos entonces los vericuetos del proceso legislativo para así entender dónde estamos y hacia dónde vamos en el recorrido de este proyecto de ley tan importante en este momento. 
<h2>El proyecto</h2>
Siempre se parte de un proyecto. Lo pueden presentar los legisladores o el presidente, así como también un grupo de la sociedad civil (con el aval de los legisladores). 
Desde el año 2007, la <a href="http://www.abortolegal.com.ar/about/">Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito</a> viene presentando su proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y, desde un enfoque de salud pública, proponer desde otro lugar el debate <a href="https://elgatoylacaja.com.ar/noticias/acerca-del-derecho-a-la-vida/">acerca del derecho a la vida</a>. 
En cada una de las 7 veces que el proyecto se presentó, más legisladores fueron sumando su firma, y en 2018 ya eran 71 los y las firmantes que acompañaban la presentación. Un montón.
Pero, si el proyecto espera hace 11 años, ¿por qué recién ahora? Ocurre que, por muy presentado y apoyado que esté un proyecto, siempre puede terminar ‘cajoneado’. Si en dos años no consiguió moverse al siguiente nivel, se cae de la ‘lista de espera’ (o, en palabras técnicas, ‘pierde estado parlamentario’). Y entonces, como el irritante cuento de la buena pipa, vuelve en círculos al punto de partida. 
<h2>El debate del proyecto </h2>
El paso siguiente para un proyecto es que se abra el debate. Y para eso hay dos caminos.
‘Tratado sobre tablas’ (a.k.a. ‘palo y a la bolsa’): es el camino extraordinario (y el más rápido), el que casi casi se intenta para el proyecto de IVE el Día de la Mujer. Este tratamiento implica que, sin más preámbulo, el proyecto se hace su lugar en el debate del recinto. O sea, en la <a href="https://elgatoylacaja.com.ar/noticias/honorable-camara-de-tuiteros/">Cámara de diputados</a> o de senadores, según le corresponda primero (en ese caso era la de diputados). Pero en los días en que esta posibilidad flotaba en el aire, escuchamos que no alcanzaba con que el proyecto tuviera la mayoría de los votos, que hacía falta más. ¿Y eso por qué?
Para que un proyecto sea tratado ‘sobre tablas’ tiene que conseguir un respaldo extraordinario. Tan solo para que el debate se abra necesitaría que se apruebe un pedido de tratamiento, una moción, con una mayoría de votos atípica, algo así como una ‘supermayoría’. No alcanza con más de la mitad de los votos, hacen falta dos tercios del total. Y esta condición especial se repite al momento de votarlo (si consiguió hacerse su lugar en el debate). Si no votan a favor 2/3 de los legisladores, es rechazado. Por eso los legisladores o el presidente suelen elegir esta vía sólo cuando ya saben que van a tener ese respaldo enorme que hace falta. 
 
Lo cierto es que las posibilidades de que el proyecto de IVE pasara con éxito este reto eran mínimas. Su debate en el recinto, en esas condiciones, tenía un valor casi exclusivamente testimonial. Porque, más allá de lograr la aprobación, conseguir llegar al debate en el recinto ya era todo un logro para un proyecto acostumbrado a las sombras de los cajones cerrados.  
El camino ordinario: la opción para los proyectos que no tienen chances extraordinarias es un recorrido algo más largo. En este caso, el debate se abre primero en las comisiones asesoras del Congreso, que no tienen tanta prensa y por eso quizá muchos no sepan qué comen ni cada cuanto hay que regarlas. Hay comisiones asesoras para muchos o cada uno de los diferentes aspectos que puede involucrar una ley. La idea es que funcionen como ‘asesoras técnicas’ y sirvan como un ámbito de discusión y negociación entre los legisladores. En esa instancia se pueden pactar cambios al proyecto y, además, se decide si vale la pena o no que llegue al recinto, emitiendo un dictamen a favor o no. El tema es que los proyectos pueden ser girados a más de una comisión y, para superar esta instancia, tienen que conseguir un dictamen favorable en cada una de ellas (y antes de eso, ser puestos a debate por el presidente de la comisión).
De todos los años que lleva esperando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sólo en dos oportunidades llegó a ser tratado en alguna comisión. En 2011 se trató en la Comisión de Legislación Penal, pero no obtuvo dictamen favorable. Y en 2014, la misma comisión intentó su tratamiento, pero no tuvo quórum para empezar la sesión. El quórum es un requisito que indica que tienen que estar presentes más de la mitad de los miembros para que se abra una sesión. Una forma de boicotear un proyecto es, justamente, no darle el quórum. Con tan lastimosa trayectoria, lo que está pasando este año es verdaderamente histórico: no se está tratando en una de las comisiones a las que fue girado sino en todas las comisiones implicadas a la vez, lo que se llama un ‘plenario de comisiones’. 
El <a href="http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0230-D-2018">proyecto</a> de la Campaña Nacional y los otros <a href="https://www.clarin.com/sociedad/aborto-dicen-proyectos-debatiran-congreso_0_rkQ4f8dKM.html">7 proyectos</a> que se presentaron sobre el tema habían sido girados a cuatro comisiones diferentes. Siempre que pasa esto, porque un proyecto afecta varias cuestiones distintas, puede que se trate en cada comisión por separado, o que las comisiones se reúnan en un plenario y lo traten juntas, unificando así el debate, los invitados, y agilizando mucho las cosas. Acá, en medio del plenario de comisiones, es donde nos encontramos hoy. 
¿Cómo pasamos de 11 años de casi nada a 4 presidentes de comisiones dispuestos a tratar el tema, y todos juntos? Ocurrió que el presidente Mauricio Macri, sorprendiendo a prácticamente todos, anunció que habilitaría el debate de la despenalización del aborto en el Congreso. Y, concretamente, el oficialismo se comprometió a que las comisiones trataran el tema en el corto plazo. De modo que, pase lo que pase en las votaciones, este año va a dejarnos por lo menos dos meses de debate, del tema en la agenda mediática, abriendo una instancia inédita de reflexión social.
<h2>¿Dónde estamos?</h2>
En esta instancia del plenario de comisiones, los legisladores pueden citar a expertos o personalidades que consideren relevantes como oradores. Y como este tema toca una sensibilidad social especial, la cantidad de invitados es definitivamente atípica. Hay cerca de 700 oradores que van a ir ofreciendo su testimonio, a favor o en contra, durante casi dos meses (los martes y jueves). Cuando terminen estas ‘reuniones informativas’ (se <a href="http://www.parlamentario.com/noticia-108253.html">calcula</a> que a fines de mayo), van a exponer los diputados de las comisiones.
Cuando terminen van a votar, seguramente en junio, para que el proyecto se trate en el recinto o no. Y para que alguno de los proyectos (o una combinación de varios) pueda seguir su camino a la siguiente etapa, va a necesitar conseguir, con más de la mitad de los votos del plenario, un ‘dictamen de mayoría conjunto’. Si lo logra, va a llegar a la Cámara de diputados, donde con más de la mitad de los votos puede obtener media sanción. Eso le permitiría pasar a la Cámara de senadores donde, de nuevo, deberá pasar por comisiones, conseguir un dictamen y, luego en el recinto, obtener más de la mitad de los votos para ser aprobado. 
Ya con la sanción del Senado, a menos que el presidente la vetara, se convertiría en una ley. Puede que antes de eso se trunque el recorrido y el proyecto sea rechazado. En ese caso, tendría su oportunidad de nuevo el próximo año. 
También puede ocurrir que el Senado apruebe el proyecto pero proponga un cambio en el texto de la ley, con lo cual tendría que ser tratado nuevamente por la cámara de diputados. 
 
Aunque no sabemos cuál será el destino de este proyecto tan urgente como necesario, pase lo que pase, ese recorrido nos va a dejar un legado histórico: la apertura de un debate fundamental que hacía tiempo nos debíamos como sociedad.
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[pasame-la-refe] 
<a href="http://www.congreso.gob.ar/reglamentoDiputados.pdf">http://www.congreso.gob.ar/reglamentoDiputados.pdf</a> 
<a href="https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/formacion-de-leyes-ultimo.pdf">https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/formacion-de-leyes-ultimo.pdf</a> 
<a href="http://www.congreso.gob.ar/leyes.php">http://www.congreso.gob.ar/leyes.php</a> 
Calvo, Ernesto (2014): Legislator Success in Fragmented Congresses in Argentina, Cambridge University Press.

Socióloga, cordobesa y doctora de las que no curan. Aficionada a la fotografía y los helados de chocolate.

Sol Minoldo

Supuestamente economía, pero en realidad política. Por lo menos eso era hasta hace cinco minutos.

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