Este martes se celebró un nuevo aniversario del 420, también conocido como Día Mundial de la Marihuana, una fecha en la que se busca visibilizar el reclamo por la legalización de este cultivo. Si bien en Argentina todavía no es legal, en noviembre del año pasado hubo un avance con la aprobación de la nueva reglamentación para la Ley 27.350, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Tanto esa ley, sancionada en 2017, como su primera reglamentación, tenían algunas limitaciones que dificultaban el acceso a las y los usuarios medicinales.
Por eso, la nueva reglamentación busca enmendar algunas de esas cuestiones. Entre las novedades, autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales y quienes deseen hacerlo ya se pueden inscribir en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), creado en marzo por el Ministerio de Salud de la Nación (MINSAL). Además, amplía su utilización más allá de la epilepsia refractaria, fomenta la investigación científica y la producción pública, y establece que obras sociales y prepagas deben garantizar el acceso. Sin embargo, desde las organizaciones sociales y el ámbito científico se sigue trabajando en una nueva ley que mejore otros aspectos que siguen dificultando el acceso, la investigación, la producción y la comercialización del cannabis.
Un cultivo popular
Como contamos en esta noticia, la nueva reglamentación fue fruto del trabajo colectivo que vienen realizando desde hace años organizaciones como Mamá Cultiva, la Red Argentina de Cannabis Medicinal (RACME) del CONICET y la Cámara Argentina de Cannabis. A su vez, este logro es un ejemplo de que los resultados siempre serán más satisfactorios si se superan tensiones y se consigue una verdadera articulación entre el conocimiento generado en el ámbito académico y el proveniente de los saberes populares. “Me da mucha felicidad que haya un vínculo cada vez más fluido, con un respeto importante hacia el trabajo de las organizaciones que tienen más experiencia en el cultivo que mucha gente que viene de la academia, ya que esto es algo muy ligado a la historia del cannabis”, dice la neurocientífica Silvia Kochen, investigadora del CONICET y coordinadora de la RACME.
La red comenzó a formarse cuando se sancionó la ley, en 2017, pero recién pudieron constituirse formalmente luego del cambio de gobierno y de la asunción de las nuevas autoridades del CONICET en 2019. Uno de sus integrantes, Marcelo Morante, es el actual coordinador del Programa Nacional de investigación del uso Medicinal del Cannabis del MINSAL. Para poder avanzar en diversos aspectos vinculados a la investigación de este cultivo, los integrantes de la RACME se dividen en seis comisiones: investigación básica, investigación clínica, control de calidad, producción de cannabis medicinal, aspectos sociales y aspectos legales.
Debido a las limitaciones de la ley, las y los investigadores se enfrentan a diversas barreras para acceder a las semillas, plantas y preparados derivados del cannabis. Una de las cosas que más demora el avance de las investigaciones es la dificultad para obtener los permisos necesarios. De todos modos, las líneas se van ampliando y contemplan un amplio espectro que comprende las propiedades terapéuticas y medicinales del aceite, la genética de la planta y hasta el desarrollo del primer cultivo científico de cannabis, logrado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. El equipo dirigido por Darío Andrínolo obtuvo las primeras tres Cepas Argentinas Terapéuticas y sentaron las bases para comenzar el armado de un cepario nacional que facilite el acceso al cultivo.
Industria nacional del cannabis
Con respecto a la producción pública de cannabis y sus derivados, la nueva reglamentación señala que el Estado nacional brindará colaboración técnica para impulsar su producción y su eventual industrialización para uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Si bien este es un aspecto en el que todavía falta avanzar bastante, se están produciendo algunos convenios, como el acuerdo público-privado entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la compañía Pampa Hemp; y el proyecto entre CONICET y la municipalidad de Tigre para crear una planta piloto de cultivo y producción.
“La producción pública de cannabis también es una forma de bajar el costo y hacerlo más accesible. Con los avances en materia legal, se está abriendo más el juego, de hecho el presidente Alberto Fernández anunció un proyecto para impulsar la producción cuando inauguró las sesiones en el Congreso”, indica Kochen. A su vez, señala que se está trabajando entre diversos ministerios, instituciones y ONGs para no repetir errores de la experiencia uruguaya. “Hace siete años que ese país tiene una ley pero tuvieron tantas trabas desde la reglamentación que lo que se consigue en farmacias tiene precios siderales y la gente sigue utilizando el mercado de los clubes. Por eso, estamos trabajando con la ANMAT para que eso no suceda”, explica.
Hacia una nueva ley
Más allá de los avances logrados con la nueva reglamentación, organizaciones sociales, legisladores (el proyecto es impulsado principalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos) y profesionales de la ciencia y la salud continúan trabajando en una nueva ley que sea superadora a la 27.350. “El objetivo es ver si de una vez por todas se puede saldar esta mala ley que tenemos y no tener que seguir haciendo emparches que son difíciles de implementar”, afirma Kochen. “La legislación deja en un gris casi negro todo lo que hace a la comercialización del producto y esto es crucial porque ¿quién va a invertir en algo que después no va a poder vender?” De todos modos, la investigadora considera que los avances de los últimos años tanto en material legal como de investigación están teniendo sus frutos. Por un lado, tirar abajo las barreras al acceso motiva más a los investigadores a iniciar proyectos sobre cannabis y sus derivados. Por otro lado, no se trata de una lucha de un solo país sino que se da a nivel global y viene de larga data, por lo que cada logro es un paso más hacia la legalización. “Si bien Naciones Unidas siguió la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para reconocer los efectos terapéuticos del CBD (cannabidiol), sigue estando dentro de la lista de los barbitúricos, como droga de uso controlado. Pero aunque sigue habiendo un paradigma prohibicionista, creo que eso se va superando de a poco a partir de la experiencia de la sociedad, que aprovecha cada vez más las propiedades del cultivo con buenos resultados. Desde ese lado, el paradigma va perdiendo peso”, finaliza Kochen.