Este lunes, con motivo del Día Mundial del Agua, miles de personas se movilizaron para exigir políticas ambientales y protestar contra las diversas formas de extractivismo que se realizan en Argentina. El reclamo, bajo las consignas de “Argentina en emergencia climática” y “Marcha Plurinacional por el Agua”, fue impulsado por organizaciones sociales y movimientos ambientalistas, como Jóvenes por el Clima, Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y Alianza por el clima. En la Ciudad de Buenos Aires, las acciones se concentraron en un verdurazo de la UTT, una sentada con distanciamiento social frente al Congreso Nacional y una marcha hacia Plaza de Mayo. También hubo convocatorias en distintos puntos del país, entre ellos, Tucumán, Salta, Posadas, Mar del Plata, Ushuaia, Bariloche y Mendoza.

Algunos de los principales reclamos tienen que ver con la sanción de leyes que protejan los humedales, que impulsen el reciclado con inclusión social y que faciliten el acceso al agua y a la tierra para la producción agroecológica. Las manifestaciones también mostraron un fuerte rechazo contra las explotaciones mineras, el fracking, los grandes incendios forestales y el acuerdo con China para la instalación de granjas porcinas. A su vez, exigieron el cumplimiento de las leyes ambientales que ya existen, como la ley 27.566, sancionada en septiembre del año pasado, que ratifica el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Las problemáticas ambientales en Argentina son numerosas y diversas y se extienden a lo largo y ancho de todo el país. Un ejemplo que abarca a gran parte del territorio nacional son los incendios forestales, que el año pasado arrasaron con más de un millón de hectáreas. El 95% de los incendios se origina por acción humana, ya sea por negligencia o de forma intencional, y muchos se producen en áreas protegidas, como boques nativos. Según el último informe anual de Greenpeace, una de las zonas más afectadas por los desmontes es el norte argentino, donde la pérdida de bosques en 2020 fue de 114.716 hectáreas.

“El problema de los incendios es uno de los que más está en agenda actualmente porque visibiliza bastante los efectos de la crisis climática. A veces pasa que como no la podemos ver, es más difícil que nos indigne, pero con los incendios eso se hace más visible. Es importante que no deje de preocuparnos cuando el fuego se apague. También es necesario derribar el mito de que la crisis climática es algo que va a pasar en el futuro. Ya está pasando y se relaciona con una cuestión de derechos humanos porque hay muchas personas que se quedan sin sus casas o que no tienen acceso al agua potable, que son derechos básicos”, explica Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima, una organización ambiental y política que se conformó en marzo de 2019.

Otros problemas ambientales y sociales que atraviesa el país están vinculados al avance de la frontera agrícola a raíz de un modelo productivo basado en agroquímicos; proyectos mineros como el que se quiere implementar en la meseta central de Chubut; el derretimiento de los glaciares y la pérdida de humedales. Según un informe de la Convención Ramsar, entre 1970 y 2015 se produjo un descenso global de los humedales de aproximadamente un 35%. En la Argentina, hace casi una década que se viene empujando la sanción de una ley que proteja estos ecosistemas, que tienen un rol clave porque representan casi un 25% del territorio nacional, albergan una gran biodiversidad y son importantes reguladores hídricos y de carbono. “El proyecto ya se cajoneó tres veces en el Congreso. Es muy difícil que salga por los intereses inmobiliarios y agropecuarios que hay detrás”, señala Becker. Por eso, fue una de las principales demandas de las movilizaciones del lunes.

Otras de las demandas que más resonaron fueron el tratamiento y sanción de Ley de Acceso a la Tierra, la Ley de Reciclado con Inclusión Social y la Ley de Educación Ambiental. Las dos primeras tienen un fuerte componente social, por lo que se destacó la presencia de movimientos como la UTT y la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “La crisis climática nos pone en el desafío de imaginarnos un futuro que sea realmente distinto tanto en lo que consumimos y en cómo lo producimos”, dice Becker acerca de la importancia de un acceso a la tierra que impulse formas agroecológicas y sustentables de producción de alimentos.

En tanto, la ley de reciclado apunta a recuperar buena parte de los residuos que se acumulan en basurales a cielo abierto y mejorar las condiciones de trabajo de cartoneros y cartoneras, que desempeñan un papel crucial para el desarrollo de una economía circular. En ese sentido, una de las propuestas es que las empresas que generan residuos como plásticos de un solo uso, paguen una tasa por los envases y que el Estado utilice ese dinero para diseñar políticas públicas que garanticen la recuperación de esos materiales.

También hay políticas ambientales que ya existen pero no se cumplen del todo. En 2019, se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para el Cambio Climático que establece estrategias transversales a todos los ministerios, crea un consejo asesor e involucra a las provincias en el cumplimiento de acciones para mitigar su impacto. Sin embargo, la creación del consejo asesor todavía está pendiente. Además, hay falencias en el cumplimiento de la Ley de Bosques, que desde su implementación en 2009 ha recibido menos del 10% del presupuesto que le correspondería; y de la Ley de Glaciares, amenazados, entre otras cuestiones, por diversos proyectos mineros.

Si bien todos los reclamos ambientales vienen de larga data, parecen tomar más fuerza en el contexto pandémico que atraviesa el mundo. “Estamos en una pandemia causada por la destrucción de ecosistemas y el corrimiento de la frontera agropecuaria, por eso más que nunca hay que salir a la calle para exigir un futuro más justo porque no queremos más pandemias”, advierte Becker y cuenta que las dos leyes que apuntan a que salgan sí o sí este año son la de Educación Ambiental y la de Humedales.Sin embargo, reconoce que más allá de lograr la sanción de políticas, es necesario modificar el modelo de producción hegemónico. “Para combatir la crisis climática, hay que encarar la transición energética que, para que sea justa e incluya a los trabajadores, va a llevar tiempo. Pero Argentina tiene muchos recursos para hacerla. Como decimos siempre, no hay justicia social sin justicia climática”, finaliza.