Son semanas decisivas para la legalización del aborto en la Argentina. Este martes, comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 17 de noviembre y se enmarca en una demanda histórica impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en 2018 estuvo a media sanción de convertirse en ley.

La semana comenzó con el debate del otro proyecto presentado por el oficialismo: el “Plan de los mil días”, que busca reforzar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, como forma de acompañar proteger y apoyar las maternidades deseadas. El programa está basado en un esquema que rige en la provincia de San Juan desde 2016.

El martes, en tanto, comenzó a discutirse el proyecto de IVE en cuatro comisiones: Legislación General, Salud, Legislación Penal, y Mujeres y Diversidad. Durante dos días, expusieron 50 referentes de diversos campos, 25 a favor y 25 en contra. Se espera que este viernes haya dictamen y una fecha posible para tratarse en el recinto es el próximo 10 de diciembre.

Según el documento presentado, el proyecto de IVE busca “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

Entre los principales puntos del proyecto, se establece que las personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo, se podrá acceder cuando el embarazo sea resultado de una violación –declaración jurada mediante, excepto en niñas menores de 13 años– y cuando haya riesgo de vida o de salud de la mujer, como estipula el artículo 86 del Código Penal, que data de 1921 pero que un siglo después sigue siendo de difícil cumplimiento.

Otro aspecto relevante es que las obras sociales y prepagas deberán ofrecer una cobertura integral y gratuita de la IVE. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total. En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.

Una arista que ha generado mucha discusión a lo largo de estos años y que ha obstaculizado la realización de la práctica en muchos casos es el de la objeción de conciencia. Al respecto, el proyecto establece que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero que debe derivar a la persona gestante para que sea atendida por otro u otra profesional “en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

Además, el proyecto señala que el Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Es muy difícil estimar la cantidad de abortos que se realizan en Argentina por año. Un estudio realizado en 2005 por las demógrafas Silvia Mario y Edith Pantelides, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación (que al igual que en la actualidad, estaba a cargo de Ginés González García) habla de 370.000 a 520.000. Las investigadoras emplearon dos métodos para arribar a esta cfra: egresos hospitalarios y el método residual. El problema es que el primero sólo brinda estadísticas sobre abortos realizados legalmente o casos de complicaciones en abortos clandestinos que derivan en hospitalizaciones. El último, en cambio, relaciona la cantidad de nacimientos con la fertilidad potencial, a partir de datos como el uso de anticonceptivos y las costumbres sociales (por ejemplo, edad de inicio de relaciones sexuales), entre otros parámetros. Posteriormente, este estudio fue criticado y otras estimaciones (extrapoladas a partir de estudios regionales) colocaron esas cifras en valores un poco más bajos (entre 260.000 y 370.000 casos anuales). Esto demuestra que es muy difícil construir estimaciones certeras partiendo de datos poco sólidos, y que la clandestinidad de la práctica hace aún más difícil conocer el estado real de la situación.

Además de las secuelas emocionales y sociales, las complicaciones físicas de realizar un aborto de forma clandestina incluyen hemorragias, infecciones y otras más severas como el shock séptico o la lesión de órganos internos. Así lo consigna un informe de la Red de Acceso al Aborto Seguro, que también indica que en Uruguay, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por aborto clandestino descendió de 37% a 8%. Entre los motivos por los cuales las personas gestantes llegan a la decisión de abortar, señalan la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a la información adecuada para usarlos, las altas tasas de violencia contra la mujer que a veces llevan a embarazos forzados, y el hecho de vivir en condiciones sociales precarias.

La legalización del aborto en la Argentina es “una deuda de la democracia”, tal como suele remarcar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, una amplia y diversa red federal que articula buena parte de las luchas. La Campaña nació en 2005 y dos años después presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por primera vez. Sin embargo, varias de sus impulsoras militaban la causa desde mucho antes.

Una de las pioneras fue Dora Codelesky, que en 1987 creó la Comisión por el Derecho al Aborto. Pocos años después, sus integrantes solían pararse en la vereda de la confitería El Molino, frente al Congreso Nacional, para hablar sobre aborto y repartir volantes dos veces al mes, donde recibían insultos pero también tímidas consultas de quienes pasaban por allí. Otras ‘históricas’ de la lucha son Marta Alanis, Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo, Alicia Cacopardo y Elsa Schvartzman.

Hoy sus voces se multiplican en cientos de miles de personas de todas las edades, como quedó demostrado en 2018 durante el debate en el Congreso Nacional, cuando las calles se llenaron de cantos feministas y pañuelos verdes. “En 2018 no se perdió, se despertó a la juventud porque el derecho a la IVE es autonomía, es libertad y es igualdad”, dijo Nelly este martes, como una de las expositoras de la primera jornada del debate en Diputados. “Invito a todos, a mí también, a despojarnos de nuestras subjetividades, muy respetables, pero pensar que estamos legislando para millones. Aquellos que no comparten nuestras ideas, no están obligados a practicarlas. En cambio, si se niega el derecho al aborto y a la educación sexual integral, se obliga a muchos seres humanos a cambiar su proyecto de vida y a entrar en el campo del delito. Esa es la gran diferencia”, explicó.

Si el proyecto obtiene media sanción en Diputados, pasa a debatirse en el Senado. El objetivo es que siga un cronograma similar y que, antes de que termine el año, finalmente sea ley.