Activismo ambiental

Nuestra historia empezó en 2019. Un año antes, Greta Thunberg protestaba frente al parlamento de Estocolmo para exigir acciones urgentes contra el cambio climático. Por varios viernes consecutivos, Greta decidió faltar a la escuela declarándose en huelga climática o, como tenía escrito en su cartel, “skolstrek for klimatet” (“huelga escolar por el clima"). En poco tiempo, logró despertar el interés de miles de jóvenes, y sus huelgas solitarias en el parlamento se convirtieron en marchas multitudinarias de una sociedad que reclamaba acción climática. Fue en esos viernes de protesta que se eligió Fridays for Future (Viernes por el Futuro) como el nombre que agruparía a las organizaciones climáticas lideradas por jóvenes alrededor del mundo, y así se empezó a construir la ideología del movimiento. A diferencia de otros momentos donde el ecologismo más difundido se centraba en la concientización sobre nuestros hábitos y patrones de consumo individuales —o en acciones más simplistas como la conservación de una especie carismática—, estos movimientos juveniles plantean un análisis complejo de las problemáticas ambientales en general, y de la crisis climática en particular, que incluye variables ambientales, políticas, económicas y sociales.

En poco tiempo, grupos de activistas de diferentes ciudades europeas empezaron a conectarse entre sí y consolidaron el movimiento. Mientras tanto, lo que estaba sucediendo en las calles de estos países se visibilizó y repercutió en otros continentes. Sin embargo, no existía aún una expresión del movimiento en América Latina, y en particular, tampoco en Argentina. A mediados de febrero de 2019, Fridays for Future convocó por primera vez a las juventudes de todo el mundo a una gran movilización por la crisis climática. Fue entonces cuando dos estudiantes recién egresados de la secundaria, Bruno Rodríguez y Eyal Weintruab, decidieron crear un grupo de WhatsApp con el nombre de Jóvenes por el Clima (JOCA) con la intención de organizar la marcha en Buenos Aires. Durante ese año ambos estaban cursando el Ciclo Básico Común (un proceso de carácter obligatorio para acceder a la Universidad de Buenos Aires) para ingresar a la carrera de ciencias políticas. En su tiempo libre, comenzaron con la organización del movimiento ambiental.

Invitaron a participar a amigos, conocidos, y a cualquier persona que estuviera interesada en el activismo socioambiental. El grupo de WhatsApp recibió unas cuantas personas de forma rápida y así fue como empezó Jóvenes por el Clima Argentina. La mayoría de sus integrantes eran menores de veinte años, que atravesaban sus últimos ciclos del secundario o que comenzaban los primeros estudios de facultad.

A los pocos días, sus redes sociales (principalmente Instagram) crecieron exponencialmente, sumando muchísimos seguidores en cuestión de semanas. Alrededor de 5000 personas concurrieron al Congreso para la primera movilización climática. El hecho de que fuera un evento multitudinario llamó la atención de la política y los medios de comunicación, y esto se vio potenciado por ser un año de elecciones presidenciales en Argentina, provocando un crecimiento muy rápido de la organización.

Si bien los focos de Viernes por el Futuro de cada país tienen total autonomía para decidir qué reivindicaciones llevar adelante, con qué sectores articular y qué estrategias implementar, en líneas generales lo que ocupa un lugar central en las agendas del movimiento es la evidencia científica (por ejemplo, difundir las conclusiones de los informes del IPCC) y la inclusión de los reclamos de los sectores más vulnerables en la agenda climática. Además, existe una comunicación entre los referentes de cada país para fortalecer la estructura a nivel internacional y articular reclamos que son llevados cada año a las Conferencias de las Partes (COP) como bloque de juventudes.⁰¹La COP es un evento anual en el que todos los países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se reúnen para negociar las metas de adaptación y mitigación. Es el evento más importante para la agenda climática internacional. En el capítulo 1.3 se desarrolla más información sobre su historia y características. 

Desde entonces, Jóvenes por el Clima se extendió por todo el país, sin una estructura central, y Fridays for Future también sigue creciendo en muchos otros países del mundo. El 22 de septiembre de 2021 y el 24 de abril de 2022 se llevaron a cabo las últimas marchas por el clima hasta el día de la fecha, donde marcharon a la par diversas organizaciones y movimientos sociales, junto con partidos políticos de diferentes colores. Estas se replicaron en muchas provincias a lo largo y ancho del país, convocando a decenas de miles de personas y demostrando que la preocupación de la población y las ganas de hacer algo al respecto no paran de crecer.

Enfrentarse a una tarea titánica como solucionar el cambio climático puede ser desalentador, y es común sentir que estamos queriendo tapar el sol con la mano y que no tiene sentido esforzarse porque no vamos a obtener resultados. En esos momentos, es importante reconocer los logros que ya se obtuvieron por otros movimientos que en su tiempo se enfrentaron también a tareas que parecían inabarcables.

No somos el primer movimiento juvenil en Argentina, nuestra sociedad tiene una larga tradición de pelear por lo que cree justo, y ha sido la cuna de tantísimas disputas importantes.

La lucha de los movimientos feministas en Argentina ha conseguido poner en agenda la igualdad de género en el ámbito laboral, la violencia de género, el reconocimiento de las tareas de cuidado como trabajo y una de las conquistas más famosas: la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La marea verde (llamada así por el símbolo del pañuelo verde que adoptó el feminismo en Argentina) recorrió el mundo y hoy es un ejemplo para los movimientos sociales de otros países como Estados Unidos. El colectivo LGBTQI+ en nuestro país logró conquistar las leyes de Matrimonio Igualitario, en 2010 —y se convirtió así en el primer país de la región en hacerlo—, y la de Identidad de Género, en 2012. Otros logros que hoy damos por sentado, como el voto femenino, el aguinaldo, la condena a las juntas militares responsables de la última dictadura, la recuperación de hijos de desaparecidos gracias a la incansable búsqueda de sus abuelas, son en realidad el resultado de que miles de personas decidieron organizarse y manifestarse por lo que creyeron justo, a pesar de que parecía imposible.

En Argentina también tenemos ejemplos de luchas en relación a problemáticas ambientales en los que podemos encontrar inspiración y, quizás, una brújula para entender cómo la sociedad organizada puede tomar sus propias decisiones y hacer valer su propia voluntad por sobre la de un Estado tomado por los intereses económicos.

Veamos este caso: el río Chubut abastece de agua dulce al 50% de la población de la provincia, y se espera que su caudal disminuya un 40% hacia fines de siglo. Esto es especialmente preocupante por el hecho de que hoy en día ya hay escasez de agua, habiendo cada vez más cortes programados en las ciudades del valle inferior. La posibilidad de que se contamine el río o los acuíferos de la provincia, la histórica participación de las asambleas en la discusión pública, y el fuerte sentido de pertenencia al territorio hizo que se genere en la población chubutense un rechazo profundo a la actividad minera. Pero ¿cómo llegó a producirse ese fenómeno de concientización?

En 2003, la empresa canadiense Yamana Gold quiso instalar una mina a cielo abierto en la localidad de Esquel. Los vecinos empezaron a informarse acerca de las consecuencias que podía tener esta actividad sobre el ambiente y, especialmente, sobre la salud de la población, y decidieron organizarse en una asamblea autoconvocada y protestar en contra de este proyecto. Las protestas tuvieron repercusión y consiguieron que se llamara a un plebiscito, donde el 83% de la población votó a favor de prohibir la megaminería a cielo abierto con utilización de cianuro en toda la provincia. Fue entonces que se sancionó la Ley 5001, vigente hasta el día de hoy.

Desde entonces, la presión de las empresas mineras para habilitar la minería a cielo abierto y explotar los yacimientos (sobre todo de oro y plata, pero también de otros minerales, como cobre y uranio) fue permanente, y sigue al día de hoy. En 2014, 2019 y 2020 se presentaron proyectos de ley para delimitar zonas de excepción a la Ley 5001. Del otro lado, la población de las diferentes localidades de la provincia se fue organizando, como lo había hecho Esquel en 2003.

Aun así, el 15 de diciembre de 2021 se aprobó la ley de zonificación minera, que permitía el desarrollo de esta actividad. La reacción de la gente fue masiva. Se convocaron marchas multitudinarias en todas las localidades de la provincia, y durante siete días seguidos la multitud que reclamaba la derogación de la ley no paró de crecer. En Rawson, la capital, y luego en Trelew, la policía orquestó un operativo de persecución extremadamente violento que solo avivó aún más el enojo de la gente. Así, fue creciendo el rechazo: se consiguió la adhesión de sindicatos, organismos de ciencia y técnica, sociedades médicas, partidos políticos que criticaron lo que sus propios legisladores habían votado, incluso el arzobispado de Chubut se expresó en contra de la ley, y la lista continúa.

A pesar de la adversidad, el 21 de diciembre —tan solo siete días después—, la población pudo conseguir la derogación de la ley de zonificación minera, reafirmando una batalla de 20 años por cuidar el agua de la provincia, bajo el lema “el agua vale más que el oro”.

Algo similar sucedió en 2019 en Mendoza, provincia amenazada por la escasez de agua dulce. Cuando el gobernador quiso derogar la Ley 7722, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, se vieron las manifestaciones más masivas de su historia. Y, en efecto, estas convocatorias lograron que el gobernador diera marcha atrás. Conquistas como estas nos muestran ejemplos en los que la población organizada pudo cambiar la realidad. Nos enseñan que el compromiso y la participación funcionan, y nos dejan un mensaje que no pierde vigencia: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Organizarse, alzar la voz y movilizarse es necesario si queremos transformar la realidad, incluso cuando el panorama es desalentador.

Como dijimos antes, con la repercusión de las primeras manifestaciones mundiales por el clima en 2019, se despertó un interés en la política por escuchar a los movimientos juveniles. Empezamos a recibir solicitudes de reuniones de casi todos los partidos políticos —que estaban pensando en la campaña electoral— y nos reunimos con el entonces presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, Pino Solanas.

Aunque la Comisión de Ambiente había tenido una sola reunión desde 2015, junto a las organizaciones de Alianza por el Clima y con el acompañamiento de Pino, impulsamos dos proyectos: la declaración de Emergencia Climática y Ecológica en Argentina, y la Ley de Presupuestos Mínimos para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

Nos encontramos, junto a muchos otros activistas, caminando los pasillos del Senado y presionando a los legisladores para que se trataran estos proyectos. Y, de hecho, el 17 de julio de 2019 ambas propuestas parlamentarias fueron tratadas. Ese día, por primera vez en dos años, iba a sesionar la Comisión de Ambiente del Senado. Debían presentarse nueve integrantes de la comisión para habilitar el tratamiento de nuestros proyectos. Una hora después del horario de inicio de sesión, empezaron a llegar y se completó el quórum. Tras dos años de inactividad de la Comisión, se rompía el cerco de indiferencia gracias a la presión de miles de jóvenes que en todo el país les escribieron a sus senadores por redes sociales y de forma directa a través de los mails de sus despachos. Ese día, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el cuarto del mundo en declarar su Estado de Emergencia Climática y Ecológica. Poco después se aprobó la Ley 27.520, de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.

Desde entonces no ha dejado de involucrarse cada vez más gente en el movimiento. Los pequeños pasos dados hasta ahora pueden convertirse en grandes cambios si seguimos por este camino.

Históricamente, los problemas ambientales se vieron postergados por otras urgencias. Ahora que se comprende mejor que los problemas sociales están íntimamente ligados a los ambientales, y que los primeros van a ser más graves en el futuro en cuanto no lidiemos con los segundos, se empieza a ver que el ambientalismo toma más relevancia en la discusión pública.

Hay mucho por hacer al respecto. A continuación desarrollaremos brevemente algunas de las consignas más importantes en las que tanto JOCA como otras organizaciones vienen trabajando.

Agroecología. A la hora de pensar cómo vamos a seguir produciendo alimentos, es deseable reducir o eliminar la dependencia de insumos nocivos para la salud y los ecosistemas, como los agroquímicos; frenar el avance de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas nativos, como humedales y bosques; y garantizar condiciones laborales dignas para los productores. La producción agroecológica pone en el centro la sostenibilidad de los ciclos de materia y energía de los establecimientos agropecuarios, usando muchas veces fertilizantes producidos en el mismo establecimiento y herramientas como la asociación y la rotación de cultivos. Esta forma de producción busca mantener a largo plazo las poblaciones de polinizadores y la fertilidad del suelo, que se ven perjudicadas por la producción convencional.

El otro pilar de la agroecología, igual o más importante que el explicado anteriormente, es la búsqueda de calidad de vida para los y las trabajadores del campo. Los pequeños productores de los alrededores de las grandes ciudades producen la mayoría del alimento que llega a nuestras casas y suelen tener condiciones laborales inaceptables. Trabajan la tierra largas horas y alquilan su parcela con contratos temporales de cortos períodos de tiempo, que al finalizar pueden no renovarse y dejarlos sin lugar donde producir y vivir. Este mismo motivo hace que muchas veces no puedan construirse una casa, porque tienen que moverse de un lugar a otro.

Por eso, la agroecología es un camino hacia la sostenibilidad, pero también hacia la autonomía de los productores, la justicia ambiental, y la soberanía alimentaria. Consumir productos de origen agroecológico y exigir políticas públicas de fomento a la producción en armonía con la salud ambiental y social es otra medida importante que podemos tomar a nivel personal para combatir al cambio climático.

Transición energética. Como vimos a lo largo del libro, es necesaria una transición energética hacia fuentes alternativas a las fósiles. Además, esta tiene que llegar a todos los sectores de la población con el fin de garantizar el derecho a acceder a energía de forma segura y para todas las personas por igual. Si la transición no es justa, nos encontraremos con una matriz energética renovable, verde, limpia, pero desigual e inaccesible. El reclamo por el acceso a la energía no es solo a nivel nacional; las diferencias entre el consumo en el Norte Global con respecto al Sur es materia de preocupación. Para mantener la temperatura media global por debajo de los 1,5 °C sería necesario que los países del Norte disminuyeran el consumo de energía a niveles más sostenibles, lo que permitiría aumentar el volumen de consumo energético en el Sur. Los datos reflejan que, en el mundo, 3000 millones de personas de los países más pobres sufren de pobreza energética (cuando los ingresos son nulos o escasos para pagar la energía suficiente para satisfacer las necesidades domésticas), y 780 millones de personas no tienen acceso a energía. La contracara de esto es que el 5% de la población mundial más rica usa más energía que el 50% más pobre. La transición no consiste solo en reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero; también se trata de reducir la brecha de emisiones y de garantizar el acceso a la energía: eso es lo que llamamos una transición justa.

Ley de humedales. En Argentina, se propone una legislación nacional para la regulación, protección y conservación de los humedales. Estos ecosistemas son reservorios de agua dulce y salada, sitios clave para la conservación de la biodiversidad, zonas de recarga de acuíferos, y cumplen funciones imprescindibles como la amortiguación de las crecidas y bajantes de los ríos y la prevención de inundaciones. Son fundamentales para la provisión de alimentos, materiales y medicina, son grandes sumideros de carbono, estabilizadores de costa y cumplen un rol importante como espacios de protección frente a inclemencias climáticas. Estos ecosistemas están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y urbana a través del relleno y la construcción de terraplenes para modificar su hidrología, haciendo posible su explotación. También se ven amenazados por los incendios. En 2020, 2021 y principios del 2022 gran cantidad de hectáreas fueron incendiadas en el noreste argentino, una gran parte de forma intencional, con el objetivo de renovar las pasturas para el ganado. Desde 2013 se presentaron diferentes proyectos de ley en el Congreso,​ pero todos perdieron estado parlamentario.

Es imprescindible que contemos con una protección nacional de nuestros humedales como herramienta para hacer frente a sus amenazas.

Si bien las consecuencias del cambio climático nos afectan a todos, no lo hacen a todos por igual. Las personas que actualmente tienen 50 años o más, probablemente no llegarán a transitar un planeta con más de 1,5 ᵒC de incremento en la temperatura media global. Esa es la temperatura que el Acuerdo de París dice que no debemos superar para que los efectos de la crisis climática no sean irreversibles. Por otro lado, las personas menores de 50 años quizá experimenten temperaturas medias mayores a 2 ᵒC en comparación con la actual; más específicamente, los jóvenes entre 20 y 29 años podrían habitar un planeta que supere los 2,5 ᵒC y los infantes de 0 a 9 años, un planeta que supere los 3 ᵒC. Como se desarrolló en la primera parte del libro, las consecuencias de los aumentos de temperatura serían catastróficas.

Ahora bien, podríamos esperar que si el panorama que se proyecta en un futuro no muy lejano es tan aterrador para las generaciones más jóvenes, los Estados alrededor del mundo estén dedicando todo su tiempo a pensar políticas y planes efectivos y eficientes para frenar la crisis climática. Sin embargo, la realidad nos muestra que las decisiones políticas y los compromisos asumidos no son suficientes, ni en tiempo ni en forma, para resolver estos problemas. Una variable relevante a considerar tiene que ver con la edad de las personas que actualmente ocupan cargos políticos altos y, por lo tanto, toman decisiones definitivas.

Las edades predominantes, tanto en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como en la de Senadores, son las del rango 50-69 años; y la gran mayoría de los diputados y senadores están entre los 40 y 69 años. Es decir, las edades que menos sufrirán las consecuencias del aumento de la temperatura media global. Esto nos demuestra que las personas que hoy toman decisiones no solo no están lo suficientemente informadas en cuanto a temas ambientales, sino que sus decisiones tampoco están interpeladas por lo que les pueda suceder a ellos en el futuro. Con estas tendencias, tendremos que hacernos cargo —tarde— las generaciones más jóvenes, que hoy no estamos siendo consideradas en los esquemas de gobernanza. El momento de que los dirigentes actuales se capaciten en temas ambientales y que las juventudes accedan a más espacios de toma de decisión es ahora.

Argentina, como país latinoamericano y situado en la periferia económica, no solamente no está exenta de las consecuencias de la crisis climática y ecológica, sino que se ve afectada por esta crisis en mayor escala, profundidad y de forma estructural. Una crisis donde gran parte de la responsabilidad reside en los países del Norte Global, tanto oriental como occidental, que han utilizado a nuestra región como medio para su propio desarrollo, en detrimento del bienestar y el progreso de las poblaciones del sur.

De esto se trata el reclamo por la deuda ecológica, la deuda que tienen los países del Norte Global con los países del Sur Global por haberse beneficiado de la degradación de nuestro ambiente. Como explica la ecofeminista Ariel Salleh en su artículo "Deuda Ecológica: deuda encarnada", durante los 500 años que duró el proceso de colonización, la explotación de los recursos por parte de los colonos causó enormes daños y destruyó los ecosistemas de muchos países del Sur. En 1992, en la Cumbre de la Tierra, los países del Norte Global propusieron que los países del sur saldaran su deuda externa mediante un “canje de deuda por naturaleza”. Sin embargo, un estudio realizado en 2008 sugiere que los daños ambientales producidos por los países del norte superan con creces los saldos de deuda externa de los países del sur.

Parece un concepto muy abstracto, pero se trata simplemente de entender que el sistema económico no se condice con el biofísico, y en esas diferencias los países en vías de desarrollo salimos perdiendo, desde siempre.

Millones de toneladas de materia prima o con poco valor agregado son enviadas desde el sur al norte, lo que implica una transferencia neta en términos de materia y energía. Esto acarrea múltiples costos no asumidos —o externalidades—, ya que la extracción de recursos suele traer graves consecuencias a nivel ambiental y social, que se traducen en un costo económico para las poblaciones locales. Podemos mencionar la contaminación del aire y el agua, la degradación del suelo, los gastos en salud de las poblaciones afectadas, el desplazamiento de comunidades de las zonas de explotación, la pérdida de biodiversidad y más. Estas externalidades son costos que no suelen ser considerados en el valor final de los bienes, pero recaen sobre los países exportadores de materias primas, como es el caso de los de América Latina.

Pero esto no es todo. Los países del sur están inmersos en una especie de círculo vicioso en el que toman deuda de prestamistas de Estados del norte para poder resolver sus catástrofes naturales —y sus problemas sociales—, ya que, a corto plazo, muchos de ellos solo pueden afrontar los trabajos de reconstrucción necesarios mediante préstamos. La peor parte es que la deuda misma dificulta que los países en vías de desarrollo tomen medidas de adaptación y mitigación. Cuando los pagos se acercan y el dinero falta, la mayoría de estos países recurren a la explotación de recursos naturales, como combustibles fósiles, para generar ingresos adicionales que les permitan cumplir con los pagos. Teniendo que destinar la mayor parte de sus ingresos a saldar una deuda, el margen fiscal que poseen para el gasto público y para proyectos de mitigación y adaptación es muy limitado. Por lo tanto, no dejan de ser vulnerables ante una catástrofe climática, lo que los lleva a seguir endeudándose.

La solidez del reclamo por el reconocimiento de las asimetrías globales entre norte y sur respecto de la crisis climática se cristaliza en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos los países tienen la responsabilidad de frenar la crisis climática, pero quienes han emitido más Gases de Efecto Invernadero deben asumir los mayores esfuerzos por remediar la situación. Este principio está presente en los instrumentos de acción climática, esbozados en las instancias multilaterales de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas.

En la Cumbre Mundial del Clima de 2009, los países más ricos se comprometieron a financiar la adaptación y mitigación del cambio climático de los países de menos recursos. Ese año acordaron transferencias que incluían 100.000 millones de dólares al año entre 2020 y 2025. Sin embargo, en septiembre del 2021, Oxfam analizó el estado de estas promesas y señaló que el monto total de financiamiento para este período se quedaría corto, cada año, en 75.000 millones de dólares.

Es inviable embarcarse en el proceso de transición que necesitamos, que supone una masiva reducción de emisiones, si no se cuenta con los recursos económicos y financieros, y con las capacidades instaladas en países sumergidos en contextos de extrema inestabilidad política y económica.

Un ejemplo claro es la magnitud del costo que implica la carrera de la descarbonización de la matriz energética para nuestro país. Según los cálculos de la Secretaría de Energía en sus escenarios energéticos “REN 20” y “REN 30” (una participación del 20% y 30% de renovables en la matriz eléctrica hacia 2030), se proyecta que solo la inversión en nueva potencia eléctrica debería ascender entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. Por si fuera poco, se estima que las inversiones necesarias para desarrollar el transporte eléctrico, las baterías de litio y el hidrógeno verde (entre otras cosas) sumaría un costo de 65.000 millones de dólares. Todavía más que la deuda contraída con el FMI en 2018.

La contradicción del pensamiento económico dominante, basado en el crecimiento ilimitado sin contemplar las barreras físicas del planeta, guarda sus peores consecuencias para los países de la periferia. Este modelo se sostiene gracias a la precarización de las condiciones de vida del Sur Global. Entender el cambio climático desde nuestra región nos enfrenta a otro dilema, que también hace al concepto de deuda ecológica. Si bien todos los países tienen que reducir sus emisiones, no es justo que países desarrollados presionen a aquellos más pobres a cambiar radicalmente sus sistemas de producción para resolver un problema que, en su mayor parte, no es su culpa, cuando aún tienen problemas para resolver cuestiones básicas como el acceso a la vivienda o el hambre de su población. Es una realidad ineludible que existen otras urgencias igual de importantes que deben ser atendidas a la hora de diseñar una salida de esta crisis. Por eso, para lograr una transición justa es central el llamado a la cooperación internacional para saldar las desigualdades estructurales que dividen a los hemisferios.

En América Latina, la violencia hacia las y los ambientalistas es más común de lo que podríamos imaginar. Entre 2002 y 2017, las muertes de defensores ambientales mundiales fueron 1558, de las cuales el 75% (1171) tuvieron lugar en América Latina. Solo en 2020 ocurrieron 227 asesinatos de defensores de la Tierra, un promedio de 4 por semana. Es un número que no para de aumentar, y se ha duplicado desde principios de siglo.

Buscando frenar esta violencia se firmó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos humanos que abarca a América Latina y el Caribe. Establece estándares regionales para los derechos de acceso a la justicia y a la información pública en asuntos ambientales, además de promover la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional en la materia, y de contener disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente. El Acuerdo entró en vigor en abril de 2021, y tanto los Estados como la sociedad debemos garantizar su cumplimiento.

Respecto a este punto, los movimientos ambientalistas en los territorios, como los del interior argentino, tienen problemas en común. Muchas veces tienen que poner el cuerpo para evitar que contaminen su hogar, y son perseguidos, encarcelados y reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Si bien en Argentina los asesinatos de ambientalistas no son tan frecuentes como en otros países de la región, es común que las fuerzas policiales no solo hagan oídos sordos a la violencia que sufren las poblaciones afectadas por una actividad productiva o extractiva, sino que, además, tengan un rol activo en silenciar sus protestas y perseguir a los ambientalistas. Estos casos reflejan las falencias que tiene el Estado a la hora de asegurar la participación ciudadana y la transparencia institucional al momento de llevar adelante distintos proyectos productivos. Para evitar esta conducta recurrente por parte del Estado, un buen primer paso es visibilizar estas situaciones. Los reclamos que nacen en las provincias no suelen tener la misma repercusión que los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es común que los grandes medios de comunicación locales no cubran las manifestaciones y las injusticias que se dan a nivel local, o que, incluso, en algunos casos operen a favor del desarrollo de la actividad extractiva. Los medios nacionales, los verdaderamente masivos, suelen cubrir más que nada noticias de Capital Federal y alrededores (AMBA), y resulta muy difícil difundir cuando pasan hechos graves en el resto del país. Nos enteramos cuando hay un choque en la Panamericana, pero no cuando hay un derrame de cianuro en el noroeste argentino, o cuando se seca un lago en la Patagonia.

En este sentido, las redes sociales pueden funcionar muy bien para cruzar el cerco mediático. Cuando los canales de televisión no muestran lo que está pasando, somos nosotros y nosotras (como individuos o como parte de organizaciones) quienes lo podemos difundir y convertir en un tema relevante para la opinión pública. De alguna manera, las redes nos permiten independizarnos de la agenda mediática, y es importante usar esta herramienta a nuestro favor. Seguir a las referencias locales, conocer, apoyar y compartir sus reclamos puede ser de gran ayuda. Una vez que una noticia se hace tendencia en redes, se vuelve ineludible para los grandes medios de comunicación.

También es importante participar, en la medida de lo posible, en las manifestaciones, las asambleas, y en los espacios que puedan brindar apoyo a estos reclamos, sobre todo quienes habitan cerca de las zonas más afectadas, pero también a la distancia. Cada vez es más común que se organicen marchas nacionales en apoyo a reclamos locales, o audiencias públicas virtuales, donde cualquier persona puede opinar sobre la aprobación de una actividad con un impacto potencialmente muy grande. Aunque muchas veces no se pueden ver resultados inmediatos, estos espacios de participación pública son importantes para apuntar a garantizar la justicia ambiental, y necesitan del compromiso de todos nosotros.

Si bien las acciones que decidimos llevar adelante de manera individual parecen no tener impacto más allá de reducir nuestra huella ambiental personal, cuando las vemos reproducidas en muchas personas podemos observar cómo se convierten en acciones con mucho potencial de impacto. Mucho más cuando estos esfuerzos son acompañados por los sistemas públicos y privados.

Un caso que ilustra la unión fructífera entre las acciones domésticas, el sector privado y el público es el del sistema de reciclado. Luego de la crisis del 2001, la desocupación ascendió a niveles alarmantes y muchas personas tuvieron que conseguir un trabajo informal. Así empezó el reciclaje en Argentina, con los “cartoneros” y “carreros” que salían a las calles, separaban lo que se podía reciclar, y lo llevaban a centros de acopio donde los vendían como materia prima. Más adelante, se organizaron cooperativas de reciclaje que consiguieron formalizar el trabajo del recuperador urbano y construir una infraestructura para la separación, el acopio y el tratamiento de los diferentes residuos.

Pero… ¿dónde entra el rol individual en todo esto?

Un punto clave en el reciclaje es la separación en origen. Si el generador de residuos (es decir, cada uno de nosotros) no los separa de forma correcta, estos se pueden contaminar, lo que impide el reciclado. Esto implica que por más que los recuperadores urbanos se esfuercen por separar los residuos en la calle, y por más que se construyan plantas de reciclaje en todo el país, un limitante de cuánto de lo que tiramos se recicla es el comportamiento individual.

Por otra parte, el Estado se involucra proveyendo de materiales e infraestructura (vestimenta, maquinaria, transporte) y planificando e incentivando la aplicación de estrategias para mejorar la gestión de residuos, como la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Así, localidades en donde no se practicaba el reciclaje pueden empezar a implementarlo, y a medida que se implemente, ir reduciendo el impacto de la generación de residuos, por un lado, y mejorando las condiciones laborales de los recicladores, por el otro. Las empresas, por su parte, cumplen un rol esencial comprando el material recuperado para reinsertarlo en la economía una vez más.

Claro que el rol individual no es todo, como tampoco lo son las empresas o el Estado. La reproducción de estas dinámicas basadas en acciones individuales que se realizan de forma colectiva tiene un gran potencial para alcanzar las metas de descarbonización, y requiere de un cambio a nivel cultural, así como programas de educación ambiental y promoción de estas conductas. No alcanza con nuestro compromiso individual, pero tampoco podemos hacerlo sin él.

En esta disputa ficticia que se plantea entre diferentes formas de solucionar los problemas de la sociedad —individual o colectiva—, nos parece importante reflexionar sobre las lecciones que nos trae el cambio climático por ser un problema global, que concierne a toda la sociedad. Cuando se analiza la sociedad como un todo —o más aún, la naturaleza como un sistema en sí mismo, que contiene a la sociedad y a los ecosistemas—, se encuentra que existen mecanismos emergentes que no se pueden ver si se piensa por separado en las partes que los conforman. Los desafíos globales, como el cambio climático, ponen en relieve lo imposible que resulta pensar al conjunto de la sociedad como la suma de las partes. Ya sean individuos, países, empresas, o gobiernos, ninguno puede pensarse por separado del resto.

Ya se dijo que una molécula de CO2 emitida por un auto en la Ciudad de Buenos Aires rápidamente se difunde en la atmósfera y tiene el mismo efecto que otra molécula de CO2 que se emitió en China, del otro lado del planeta. De la misma manera, si sube unos cuantos centímetros el nivel del mar, lo hará de forma similar en las costas de los diferentes continentes. Los impactos del cambio climático se distribuyen de forma más o menos equitativa a lo largo y ancho del mundo, aunque la emisión de GEI está concentrada en mayor proporción en algunos países. Esto quiere decir que las consecuencias que sufrirán las diferentes partes no son proporcionales a su contribución al problema.

Entonces, si pensamos solucionarlo de forma individualista, tenemos un problema. Por un lado, la contribución de cada individuo puede parecer insignificante en relación al total de emisiones de GEI, y por el otro, no parece justo que yo deje de emitir, mientras el otro se sigue beneficiando de la explotación de combustibles fósiles. Es razonable que cualquier parte de la sociedad no quiera actuar en contra de su propio interés, pero esta es la receta para el desastre. La voluntad de seguir usando combustibles fósiles parece infranqueable, y a esta altura ya sabemos las consecuencias. ¿Quién tira la primera piedra?

Una forma posible de solucionar los problemas que conciernen a la sociedad como un todo es a través de compromisos y soluciones transversales a todos los sectores, incluso si eso va en detrimento de intereses particulares. Este es, quizá, el mayor desafío del cambio climático, crear mecanismos de gobernanza internacional, regional y nacional para lograr coordinar que todas las partes tomen acción al mismo tiempo, lo antes posible, y anteponiendo el bien común a su propio interés. Se trata de lograr que los gobiernos del mundo implementen las soluciones que ya conocemos: las medidas de adaptación y mitigación.

El pensamiento individualista y competitivo es parte del problema que nos trajo hasta acá, y no vamos a salir de esta siguiendo las mismas lógicas. Los problemas que atraviesan al conjunto de la sociedad de forma transversal, como el cambio climático y la salud pública, requieren soluciones integrales. En estos tiempos tenemos que animarnos a pensar otras formas de relacionarnos, donde prime el bien común por sobre los intereses personales. Así, la naturaleza y los seres humanos deben ocupar un lugar central en las discusiones y toma de decisiones.

Este desafío es, a su vez, una oportunidad de cambiar las viejas dinámicas políticas y geopolíticas por otras superadoras, donde se puedan diseñar e implementar soluciones basadas en evidencia, con el objetivo puesto en mejorar el bienestar general de las personas. Si el cambio climático nos permite cambiar el rumbo de cómo enfrentamos los problemas como humanidad, podría sentar un precedente para implementar este tipo de formas de actuar en comunidad en otros de los grandes desafíos de nuestros tiempos.⁰²Un ejemplo que retrata la búsqueda de anteponer el bien común al interés es el reclamo a la Organización Mundial de Comercio por la liberación de las patentes de las vacunas contra el SARS CoV-2. En este caso, los derechos de propiedad intelectual funcionan como barrera para la obtención de vacunas en países con menos recursos. La alta circulación del virus en estos países, además de traer más muertes, supone un riesgo para toda la población, ya que pueden surgir nuevas variantes. 

Hay muchos reclamos que se deben atender a la hora de pensar futuros deseables para la humanidad en relación al cambio climático y los conflictos socioambientales en general.  Algunos de ellos son el reconocimiento de la deuda ecológica explicada anteriormente; la transferencia de fondos para la adaptación al cambio climático; la definición de planes de mitigación y su implementación urgente, en línea con el escenario de limitar el calentamiento global a 1,5 °C; la conformación de un mecanismo de reparación de los daños y pérdidas asociados a las consecuencias del cambio climático que ya existen; la transparencia en la contabilización de los inventarios de GEI; la protección de la biodiversidad y el freno a la violencia que sufren los ambientalistas, sobre todo en países del Sur Global.

Las COP son un espacio en el que Fridays for Future (y por lo tanto, Jóvenes por el Clima) viene participando en representación de un sector de la juventud global, donde podemos discutir, plantear y difundir estos reclamos. Si bien la capacidad de la ONU de impulsar los cambios necesarios es discutible, ya que no tiene la autoridad de impartir, por ejemplo, penalidades a los países que no cumplen con sus compromisos, es un instrumento importante para construir consensos y hojas de ruta comunes entre países con intereses propios.

Como se discutió en la primera parte del libro respecto del impacto limitado de las NDC y el financiamiento insuficiente para la mitigación y adaptación, queda claro que las negociaciones climáticas, si bien son importantes, no garantizan la solución a este gran problema por sí solas. Justamente, en la COP 27, que tendrá lugar el presente año en Egipto, una de las principales consignas es la implementación. Básicamente, que se pongan en práctica los planes de adaptación y mitigación, y que se cumplan los compromisos asumidos. En este punto, es fundamental la participación de la sociedad civil.

Es cierto que los gobiernos del mundo tienen que actuar acorde a la dimensión del problema que representa el cambio climático, tratar a la crisis como tal. Greta decía que una razón que la incitó a movilizarse fue que no podía creer que, si los informes del IPCC eran ciertos, los medios de comunicación no estuvieran hablando constantemente del tema. Pero mantener la acción climática en la agenda pública, en la televisión, en las redes, y en las calles depende de que la ciudadanía esté informada y activa, participando de las marchas por el clima, opinando en los espacios de debate, y exigiendo que los gobiernos cumplan con sus compromisos climáticos. Nosotros también tenemos que tratar a la crisis como tal, preocuparnos por buscar soluciones, y exigir que se implementen. Por eso estamos leyendo este libro, y por eso cuando terminemos de leerlo, queremos salir a militarlo.

En este punto, podemos vislumbrar que otro de los grandes desafíos que tenemos por delante es que la lucha contra el cambio climático se convierta en un movimiento masivo. El contexto actual se ve atravesado por una conflictividad muy grande. Por un lado, las redes sociales, que a veces pueden ser una herramienta muy útil para la difusión de una noticia, también pueden ser problemáticas. Lo que sucede en el mundo virtual es que seguimos a quienes piensan igual que nosotros, y nos peleamos con quien piensa diferente. Más aún, los algoritmos se encargan de reforzar esta dinámica. Esto genera una endogamia informativa donde terminamos escuchando solo las opiniones de quienes piensan igual que uno.

Además, los formatos de comunicación actuales premian la información que logra llegar más a la gente, y muchas veces eso no tiene nada que ver con quién tiene razón. El consumo de noticias rápidas, titulares llamativos o personajes que interpelan emociones fuertes como el enojo, favorece posicionamientos más rígidos y extremos, ayuda a la proliferación de noticias falsas, y nos lleva a un punto en el que se vuelve muy difícil generar consensos en la sociedad. Hay una radicalización de la opinión pública, y en las redes esto se vive con mucha violencia, y en casi cualquier debate circulan amenazas e insultos como moneda corriente.

La polarización de la sociedad es un problema a la hora de unirnos para materializar los cambios que queremos. No podemos decir que sabemos cómo salir de esta dinámica ni cómo construir un movimiento masivo dentro de tanta conflictividad social. En principio, nos parece importante ejercitar la autocrítica —pensar que podemos estar equivocados— y la empatía —tratar de entender por qué el otro piensa como piensa—. No hay un camino simple para solucionar los problemas sociales y tampoco los ambientales, porque no hay soluciones simples para problemas complejos. Parte de abordar esta complejidad implica que muchas veces no vamos a estar de acuerdo, entre nosotros y con otras organizaciones, pero es justamente en la diversidad que se encuentra la riqueza del conjunto.

Nadie tiene la varita mágica ni sabe con seguridad cómo solucionar los grandes desafíos de la humanidad. No creemos que la salida esté en que quienes toman las decisiones escuchen a Jóvenes por el Clima y hagan lo que les decimos, sino en que como sociedad podamos ponernos de acuerdo en que tenemos un problema que resolver. Y que a partir de ahí podamos conformar un movimiento masivo, fuerte y plural, que pueda influir en la toma de decisiones incorporando las voces de la mayor cantidad de sectores que sea posible. Entender que el objetivo de frenar la crisis climática y atender las injusticias que trajo el modelo de desarrollo actual es más importante que las diferencias en el movimiento.

Sabemos que las responsabilidades asumidas por la comunidad internacional para la acción climática no se reflejan en medidas compatibles con la urgencia de la crisis y el alarmante llamado de la ciencia. La apertura de nuevos proyectos hidrocarburíferos, la vigencia del régimen de subsidios a los combustibles fósiles, las tendencias ascendentes en la demanda de petróleo y gas de cara a 2050, y la proliferación de figuras negacionistas del cambio climático en distintas partes del mundo, marcan un escenario desalentador.

Sin embargo, la contracara es alentadora: nunca antes hubo un involucramiento ciudadano tan contundente en el movimiento socioambiental; nunca antes se desplegaron marchas que aglomeraran a miles de personas simultáneamente a lo largo del mundo bajo el reclamo de justicia climática. Hoy en día, los partidos políticos se ven presionados a desarrollar una agenda ambiental propia; el ambiente se vuelve un eje más en los debates electorales; y las personas en puestos de poder político ya no pueden esconderse de los ojos de una comunidad que les exige tomar acciones de mitigación y adaptación concretas y eficientes. Los políticos negacionistas de la crisis climática pueden ganar elecciones, pero su discurso es insostenible en el tiempo; cada día nacen nuevas organizaciones de jóvenes y adultos, de comunidades indígenas o de trabajadores, que participan e inciden a nivel nacional e internacional logrando instalar el cuidado del ambiente y la defensa del territorio en la agenda pública. Todos estos procesos necesitan ser sostenidos y reforzados por la participación del conjunto de la sociedad. Cada quien tiene el poder de formar parte del cambio, desde su lugar, con sus herramientas, con sus ideales.

El camino hacia un cambio de paradigma no es nada fácil. No hay pasos preestablecidos a seguir, sino que hay que crear nuevas reglas. Se requiere compromiso, organización y militancia. Nos encontraremos con muchos obstáculos, agotamiento y frustración, pero el mundo ya no está en el punto de partida. Lento pero constante, va dando pequeños pasos. Sabemos que necesitamos ser más en esta lucha. Como juventud, tenemos la responsabilidad de disputar los espacios de toma de decisión y de presionar para que se tomen medidas a corto y largo plazo. Habitemos las calles, hagamos ruido, exijamos acciones, contagiemos esperanza y cambiemos la historia.

Esta es la síntesis gráfica de la tercera parte del libro. Acá vas a encontrar comprimidos los conceptos fundamentales de experiencias en políticas de desarrollo productivo verde, disrupción tecnológica y activismo ambiental.